La Contraloría General del Estado (CGE) no auditó a ninguna de las empresas estatales y espera que terminen de migrar al nuevo marco legal de la Ley 466 de la Empresa Pública y su respectivo reglamento, para recién intervenir en los casos que fuesen necesarios, informó el subcontralor Henry Ara.

“Respecto a las empresas del Estado había mucho conflicto en el marco legal para aplicar las auditorías a las empresas estatales. Ahora, hay la Ley de Empresas Públicas y el reglamento que establece cómo la Contraloría hará las auditorías y el control sobre estas empresas”, explicó a El Día.

Proceso. Según Ara, en el marco de la nueva ley, la Contraloría hizo su reglamento y las empresas están en proceso de migración. “Están transitando y con el nuevo marco legal se podrá ingresar a hacer auditorías”, dijo.

La autoridad señaló que a pesar de que la Contraloría tiene la facultad de realizar auditorías a las empresas estatales, no es factible intervenirlas cuando estas transitan a sus nuevas competencias y al nuevo marco legal.

El artículo 55 de la Ley 466 señala en su parágrafo I que: “en el marco de lo dispuesto en el artículo 213 de la Constitución Política del Estado, la Contraloría ejercerá sus competencias de control de administración sobre las empresas públicas, debiendo tomar en cuenta el régimen de la empresa pública y no la normativa común que rige al sector público”. “Había un vacío legal porque fueron creadas con normas especiales, muchas de ellas se adecuaron al marco de empresas estratégicas del Decreto Supremo 181 (de Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios), donde algunas fueron declaradas estratégicas, pero con la nueva Ley de Empresas existe un nuevo marco de fiscalización”, dijo.

Caso BoA.  El subcontralor rechazó por segunda vez la posibilidad de realizar una auditoría al contrato firmado entre la estatal Boliviana de Aviación (BoA) y la empresa AIR Catering SRL -hasta hace poco de propiedad de Silvana Carolina Del Castillo Tejada, la cuñada del vicepresidente Álvaro García Linera-. El argumento es que la Fiscalía rechazó la denuncia.

Fuente: El Día (Bolivia)