El Gobierno nacional confirmó que a partir de enero próximo difundirá un nuevo índice de precios al consumidor (IPC). La primera medición –la variación de enero– se conocerá en los primeros días de febrero.

La iniciativa podría representar la última posibilidad de la actual administración de generar confianza en el rumbo de la política económica, de modo que vale prestarle suma atención.

Como se recordará, la medición de la inflación se desmadró a principios de 2007, cuando el hoy exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno intervino y descabezó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Desde entonces, los datos que mes a mes difunde ese organismo sobre la inflación no son tomados en cuenta por nadie, al igual que otros indicadores económicos oficiales, porque no resultan creíbles.

Cuando algunas consultoras privadas presentaron el resultado de sus mediciones, la respuesta de Moreno fue prohibirles que lo siguieran haciendo y aplicarles sanciones millonarias.

Diputados opositores se reunieron con las consultoras y acordaron que serían ellos, con su inmunidad parlamentaria, quienes darían a conocer los cálculos. Al índice del Indec, entonces, se lo comparó con el índice “Congreso”, que ganó cierto respeto.

Entre uno y otro, quedaron los institutos provinciales de estadísticas, que padecieron presiones de todo tipo por parte del Gobierno nacional, al punto de que la mayoría de ellos prefirió ceder.

Así, mientras el Indec señala para los últimos 12 meses una inflación apenas superior al 10 por ciento, los institutos provinciales y las consultoras protegidas por legisladores la elevan bastante: estaría entre un 25 y un 30 por ciento. El Indec marca, entonces, menos de la mitad o casi un tercio que los demás.

El problema no sólo fue señalado en numerosas oportunidades por economistas y políticos, sino hasta por el Fondo Monetario Internacional, que llegó a sancionar al país por la deficiencia de su estadística.

La pregunta central es qué objetivo se fijó el Gobierno con el nuevo índice que han diseñado las actuales autoridades del Indec: ¿blanquear las verdaderas cifras de la inflación o elaborar un nuevo sistema de camuflaje?

Si se apuesta por la verdad, se generarán expectativas positivas, aun cuando el resultado sea elevado, porque implicará, en la práctica, un reconocimiento de la inflación, que hasta aquí se ha preferido negar. Y el cambio de tendencia podría ser la plataforma de lanzamiento de una política antiinflacionaria.

Por el contrario, si se apuesta una vez más por el camuflaje, todos y cada uno de los actores de la economía llegarán a la conclusión de que ya no pueden esperar que estas autoridades reconozcan y reviertan la crítica situación económica.

Fuente: La Voz (Argentina)