La Presidente de la Nación acaba de publicar la actualización de su sueldo, en donde nos enteramos que la suma en bruto es de $ 79.000 -percibiendo en mano $ 43.833-.

A ello  hay que sumarle que recibe en concepto de pensión de su marido $ 44.000. (monto que, seguramente, será sensiblemente mayor a partir del mes de marzo).

Tal vez, cualquier ciudadano podría pensar que es un monto adecuado a su envestidura.

Pero, a diferencia de cualquier vecino, la Presidente reside en la quinta de Olivos donde todos los gastos los cubre el Estado. Cuando debe viajar, todos los costos los paga el Estado;  y cualquier erogación sobre sus funciones es claramente pagada por el Estado. Sin contar que cuenta con fondos reservados para el manejo de su función.

Ahora bien, siguiendo los lineamientos del llamado relato, podríamos inferir que sus ingresos, ya como referente máxima del modelo K, deberían cumplir con la correspondiente premisa de aportar a la redistribución del ingreso;  y a pensar que en el Estado los sueldos deben tener alguna relación de correspondencia entre sí. 

Pero a fin de por comprobar si se cumplen las pautas del relato K, basta con observar que, por ejemplo el sueldo básico de un docente es de $ 3400.

O que el 90% de los jubilados y pensionados de la Argentina cobran el haber mínimo luego de haber trabajado toda su vida, y que el mismo alcanzara recién a partir de marzo próximo, a  la módica suma de $ 2.700.

Si además tomamos lo que son los salarios básicos de los trabajadores en general, podríamos advertir que se ubican extremadamente lejos de los ingresos de la Presidente. 

Es decir que la redistribución de la riqueza que se pregona, se da sólo en términos relativos y no absolutos.

Estas simples líneas de análisis, pretenden invitar a recapacitar, que la única realidad del mencionado relato es que ha profundizado absolutamente la brecha entre los que más tienen y los más pobres.

Se han creado dos Argentinas: una de los que se pueden proveer de todo lo que el ineficiente Estado no le da, salud (prepagas), buena educación (privada), seguridad (privada), energía (generadores), etc.

El otro país el de los que cobran cifras absurdas y que no pueden garantizarse nada. El de los que tienen que mandar a sus hijos a escuela pública aunque no les convenza; que deben usar la salud pública aunque sea mala, o no la tengan dependiendo de la zona donde viven; sean víctimas de la inseguridad, y encima muchos de ellos habiten en condiciones inhumanas.

Lo que si queda claro -a esta altura- es quienes son los verdaderos beneficiarios de la llamada “década ganada”.

* Marcelo Meis es Abogado y Legislador de la CABA 2005-2009.

Fuente: HACER