El relato kirchnerista sobre lo sucedido en la década del ’70 debe revisarse en pos de la verdad histórica, iluminando aquellos aspectos esenciales de nuestro pasado reciente que han sido oscurecidos por un proyecto de “memoria colectiva” que, hay que decirlo, guarda en sus raíces fuertes determinantes políticos e ideológicos con los que hay que barrer.

No se trata, es dable aclarar, de volver a la interpretación alfonsinista que fuera bautizada como “la teoría de los dos demonios”, que despojó de responsabilidades a la sociedad civil y política. Pero tampoco es cuestión de reducir aún más la complejidad de la historia a una explicación de “demonio único”, que necesariamente vuelve inaprensibles los procesos históricos y diluye diversas responsabilidades, tal como se ha estructurado el relato kirchnerista de los ’70.

Hoy suena políticamente incorrecto recordar que durante los gobiernos democráticos que fueron de mayo de 1973 a marzo de 1976 operaron en la Argentina organizaciones guerrilleras que –bautizados sus miembros como “jóvenes idealistas” por el relato– se propusieron derrocar la democracia para imponer una tiranía marxista. Los documentos de la época son al respecto contundentes. La revista Estrella Roja de marzo de 1973, órgano de prensa del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), sentenciaba: “Las elecciones [que le dieron el triunfo a Cámpora] sólo fueron un episodio insignificante, y nos anuncia ya la necesidad de estar listos para un desarrollo aún mayor de la guerra, en otro nivel superior al actual”. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), pocos meses después integradas a Montoneros tras el asesinato de José Rucci, dirían ese mismo mes en la revista Militancia que “nuestra estrategia sigue siendo la guerra integral”. El máximo líder de Montoneros, Mario Firmenich, le responderá en septiembre de 1973 a un periodista que le preguntó si su organización dejaría los fusiles tras el retorno democrático: “De ninguna manera. El poder político brota de la boca del fusil”. En septiembre de 1974 Montoneros pasaría nuevamente a la clandestinidad, desde la cual embestiría contra el gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón. En tanto, el ERP se asentará en la selva tucumana para practicar “foquismo” al estilo cubano.

El accionar de estas organizaciones ha quedado registrado en los medios de prensa de la época. El diario La Opinión del 23 de marzo de 1976, dirigido por Jacobo Timerman (padre de nuestro actual canciller), efectuó un recuento de los muertos producidos por los grupos armados: “El terrorismo ha causado 1358 muertos desde el 25 de mayo de 1973”. Cuatro días antes había titulado su tapa: “Un muerto cada cinco horas, una bomba cada tres”. El vespertino La Tarde, dirigido por Héctor Timerman, el 22 de marzo sentenciaba: “Un récord que duele: cada 5 horas, asesinan a un argentino”. Muchos años después, tras el Juicio a las Juntas Militares, conoceremos que el total de atentados y acciones armadas perpetradas por estas organizaciones terroristas fue de 21.664 entre 1969 y 1979, lo que promedia casi cinco operaciones guerrilleras por día.

Hay algo verdaderamente irónico de esta historia que ha quedado borrado de la llamada “memoria colectiva”: Montoneros y ERP, en su afán por llegar a una fase de “guerra abierta” contra las Fuerzas Armadas, instigaron y presionaron para que éstas tomasen el gobierno. Eran los tiempos del “cuanto peor, mejor”.

El ERP, desde Estrella Roja (16/2/76), lo explicaba así: “La concreción del golpe militar producirá un cambio en el desarrollo de la lucha revolucionaria de nuestra Patria. Será el inicio de la guerra civil abierta. […] La aventura golpista del enemigo significará la derrota del enemigo”. La ex montonera Adriana Robles, en su libro Perejiles, ha contado que “tras el golpe que se anunciaba se esperaba el inicio de algo que pensábamos como un cambio político favorable a nuestros objetivos”. ¡Vaya ironía histórica!

Dentro de los esfuerzos por oscurecer esta parte de la historia, el relato setentista ha borrado otro dato fundamental: la represión ilegal no comenzó el 24 de marzo de 1976, sino mucho tiempo antes, desde los tiempos de la organización paraestatal conocida como Triple A. Ocurre que reconocer tal cosa obliga a extender las responsabilidades a la clase política de la época, algo que contrariaría la doctrina del “demonio único”.

Los desaparecidos anteriores al 24 de marzo contabilizados por la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) ascienden a 900 casos. El jerarca guerrillero Enrique Gorriarán Merlo afirma al respecto en sus Memorias que “las técnicas represivas de ese gobierno [peronista] surgido de elecciones fueron (aunque parezca difícil de creerlo) más feroces que las instrumentadas por el gobierno de facto de Onganía, Levingston y Lanusse”. Julio Santucho, hermano del jefe máximo del ERP, expresará, en idéntico sentido, que “en un solo año de gobierno popular, nuestro pueblo tuvo más muertos que en siete años de dictadura militar (…) la represión actuada por el gobierno peronista fue diez veces mayor que la de la Revolución Argentina proclamada por el general Onganía”.

Paradójicamente, hoy parece ser políticamente incorrecto traer a la memoria los decretos 261 y 2.772 del Poder Ejecutivo del año 1975, que ordenaban a las Fuerzas Armadas “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos” primero en Tucumán y luego en toda la República. Vale preguntarse: ¿A quién pretende encubrir el relato setentista?

Se cumplen 38 años del 24 de marzo de 1976. Urge completar la narración de una historia que, en virtud de intereses políticos, ideológicos y económicos, ha quedado incompleta y, por lo tanto, absolutamente deformada.

Fuente: La Prensa Popular (Argentina)