Las disputas de gobiernos contra la prensa opositora y la violencia del crimen organizado encendieron focos rojos para la libertad de prensa en América Latina, en constante lucha por consolidar ese pilar de la democracia ante la creciente intolerancia de autoridades.

Desde Argentina hasta Venezuela, medios de prensa reciben acusaciones del Gobierno y enfrentan mayores regulaciones. En México periodistas han sido asesinados por bandas de la droga.

La lucha de poder entre clases gobernantes y medios de comunicación no es cosa nueva y es natural hasta cierto punto, pero en Latinoamérica ha sacado en los últimos meses chispas que encendieron preocupación en organizaciones de periodistas.

Gobiernos de izquierda como el del venezolano Hugo Chávez, el del ecuatoriano Rafael Correa y el de la argentina Cristina Fernández de Kirchner mantienen francas batallas con empresas de comunicaciones críticas, a las que acusan de manipular la información en función de sus intereses particulares.

Las fricciones también surgieron con gobiernos de derecha como el de Alvaro Uribe en Colombia, al que la organización Reporteros Sin Fronteras denunció por supuestas escuchas a periodistas poco antes de que terminara su mandato en agosto.

“Creo que hay un hilo común y ese hilo común es querer someter a los medios de comunicación social a que cedan a la voluntad del Gobierno”, dijo Alejandro Aguirre, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

“Hay distintas personalidades (…) pero a la postre, lo que tenemos al fin del asunto es el mismo tema: la intolerancia por los medios independientes y el uso de los recursos del Estado para controlarlos, manipularlos o eliminarlos”, agregó.

Mientras tanto, los medios contraatacan denunciando en sus páginas los presuntos ataques a la libertad de prensa.

¿Un paso atrás?

En América Latina, donde están frescos los recuerdos de dictaduras militares que silenciaban opositores, los choques entre gobiernos y medios podrían erosionar el fortalecimiento institucional que la libertad de prensa ayudó a construir.

En Venezuela, Chávez acusa a los medios de haber apoyado un golpe en su contra, se ha negado a renovar concesiones como la del canal de televisión opositor RCTV y ha fundado medios como Telesur para contrarrestar la influencia extranjera.

Y hace tres meses intervino el Banco Federal, cuyo dueño es accionista del canal 24 horas de noticias Globovisión. Eso allanaría el camino para que el Estado venezolano participe en la cadena, acusada por el mandatario socialista de “envenenar al pueblo” y “mentir”.

Lo veo como más una cuestión intrínseca a la naturaleza de esta regresión populista autoritaria que hay en América Latina”, dijo el analista Sergio Berensztein de Poliarquía.

“Parecía que había cierto proceso más o menos de avance de la democracia. Hoy tenés enormes signos de preguntas en los países ‘bolivarianos’ o ‘cuasi bolivarianos’ (…) o países que están siendo sometidos a este (…) desafío en términos de gobernabilidad y paz social como en el caso de México”, acotó.

Las cosas no son muy distintas en Ecuador, donde el Estado controla la mitad de las empresas de comunicaciones de alcance nacional. Desde que asumió en el 2007, Correa pasó a control estatal medios como los canales Gama TV y TC Televisión.

La idea era subastarlos para saldar deudas de sus dueños, banqueros que quebraron en la crisis de 1999. Pero desde que se hicieron estatales no hubo más noticias sobre las subastas.

“En esencia la gran mayoría de la prensa, con la excepción de siempre, es una prensa mediocre, corrupta, con intereses privados, que se ha convertido ilegítimamente en estado político, que todo lo tratan de distorsionar”, dijo Correa el jueves en una entrevista por TC Televisión.

Nuevas leyes

Ahora el Congreso ecuatoriano estudia una ley de medios de comunicación impulsada por el oficialismo, fuerza dominante en el Parlamento, que busca regular con mayor firmeza la actividad periodística, el contenido y a las empresas de comunicación.

En Buenos Aires, el Congreso aprobó el año pasado una ley parecida impulsada por el Gobierno que limita las licencias de los grandes grupos de medios y los obliga a vender activos con el argumento de generar espacio para nuevos jugadores.

Fernández mantiene un enfrentamiento con el poderoso Grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios argentino y lo acusa de haber comprado ilegalmente con el diario La Nación a Papel Prensa en 1976 con apoyo de la dictadura. La justicia avaló este mes la intervención gubernamental de la empresa.

“Quiero una democracia sin tutelajes y sin que tengan temor los políticos a ver qué dice tal diario o tal otro de mí, o si aparezco o si me borran o si me arman una operación”, dijo Fernández en agosto cuando presentó un informe sobre el tema.

Clarín y La Nación dicen que no hubo irregularidades en la adquisición de la empresa y acusan al Gobierno de buscar controlar el papel de periódicos con criterios políticos.

“No toleran que haya efectivamente diversidad y pluralidad de voces. Curiosamente en este caso muchas veces se hacen abusos a la libertad de expresión, se trata de presionar a los medios en nombre de la democracia”, dijo el analista Berensztein.

En la vecina Bolivia, el presidente Evo Morales impulsa una ley contra la discriminación que ya tiene media sanción y que contempla clausurar a medios que divulguen mensajes racistas.

Plata o plomo

En tierras mexicanas, las mayores amenazas a la libertad de prensa vienen por otro lado. Los poderosos narcotraficantes seducen a autoridades y periodistas por igual retomando la estrategia del capo colombiano Pablo Escobar: plata o plomo.

La corrupción es un mal bastante extendido y el mundo de los periodistas no escapa a ella. Pero si los sobornos no funcionan, siguen amenazas que pueden llevar hasta la muerte.

Las bandas de la droga usan a los medios de comunicación -sobre todo en el norte de México- para atacar a sus enemigos, denunciar a funcionarios corruptos que trabajan para rivales y controlar lo que se publica. O lo que deja de publicarse.

Unos 22 periodistas fueron asesinados y otros siete desaparecieron desde el 2006, lo que convierte a México en el país más peligroso para la prensa en todo el continente, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), una agrupación no gubernamental que vigila ataques a reporteros.

El presidente Felipe Calderón ha desplegado miles de militares en varios estados, capturado algunos capos y eliminado manzanas podridas en las fuerzas de seguridad. Sin embargo, todavía no logra frenar la violencia que ha cobrado 29.000 muertos desde que asumió en diciembre del 2006.

Las organizaciones de periodistas reclaman que los delitos contra reporteros pasen al fuero federal y que se fortalezca una fiscalía especial creada en el 2006 sin muchos dientes.

“El presidente Calderón y el gobierno federal de México necesitan hacer más, mucho más,para defender a los medios y para crear un ambiente en el que los periodistas puedan cumplir con su trabajo con un cierto grado de seguridad”, dijo Joel Simon, director del CPJ, en un informe especial de septiembre.

Fuente: Noticias24 (Venezuela)