Tras el ataque de las FARC en el Cauca, dos policías murieron y tres campesinos resultaron heridos.

El resultado de la confrontación en el Cauca tendrá consecuencias muy importantes en el rumbo del conflicto. Las Farc han concentrado allí cerca de seis frentes y columnas móviles y se están jugando algo más que sembrados y rutas del narcotráfico.

El estado colombiano vive ahí uno de los retos más trascendentales en toda su guerra contra las guerrillas. Pero, resulta insólito que después del intenso debate que se libró para definir que Colombia vive una situación de conflicto armado, sus más fervorosos defensores salgan ahora a oponerse a las medidas extraordinarias que el presidente Santos propone para restaurar el orden en la confluencia territorial de Tolima, Huila y Cauca. En nombre de los socorridos derechos humanos, saltan a la palestra las comisiones y los colectivos de juristas que sólo ven peligro de violación de estos en las acciones de la fuerza pública, pero nunca en los terroríficos actos de barbarie, vandalismo e inhumanidad cometidos por las guerrillas en los últimos días. No se conoce ninguna crítica de los tantos defensores de la existencia del conflicto armado sobre el pronunciamiento belicosos del ELN en el que afirma impúdica e insolentemente la vigencia de la lucha armada.

Los argumentos sobre la gravedad de la situación saltan a la vista: matoneo de civiles desde las montañas, carros bomba contra lugares civiles, francotiradores escondidos en la tupida vegetación, operación pistola contra miembros de la policía y el ejército, utilización de viviendas civiles para esconderse o para atacar, uso de armas no convencionales, de manera continua, alteración de la vida cotidiana, la marcha de los negocios y la tranquilidad de las comunidades. Es evidente que la situación no se resuelve con el Esmad o con una declaración de condena o con librar órdenes de captura. El gobierno tiene razones jurídicas, militares y políticas de peso para proceder en la forma expuesta. Están en riesgo las elecciones para gobernaciones y alcaldías. Como no es un enfrentamiento clásico de dos ejércitos, sino que hay una parte que se camufla de civil, que conoce cada municipio al dedillo y tienen todo a favor para hacer ataques sorpresa, al Estado no le queda otra alternativa que suspender por un tiempo limitado algunas garantías individuales. El Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos reconocen el derecho de hacerlo con tal que las restricciones no se tornen en ilimitadas e indefinidas.

El reconocimiento del conflicto armado, finalmente incorporado en la ley de víctimas, tiene que representar para el Estado colombiano la posibilidad y el derecho a defender la legitimidad, la Constitución del 91, las elecciones y la seguridad de la ciudadanía con medidas extraordinarias allí donde los grupos armados irregulares están haciendo de las suyas. Un conflicto armado es lo mismo que una situación extraordinaria, compleja y peligrosa, en la que se arriesga, además, la vida y los bienes de personas que en su inmensa mayoría acogen y respetan las leyes vigentes. ¿Por qué entonces, tanta alharaca cuando el jefe de estado propone la medida extraordinaria de demoler las residencias utilizadas por el enemigo armado de ese conflicto que se reconoce como tal? ¿Será que entienden que en el tal conflicto el estado debe quedarse quieto?.

Se trata de una inconsecuencia, de una ingenuidad o de una actitud oportunista y acomodaticia respecto del reconocimiento del conflicto, o de las tres cosas juntas. Es probable que el Ejecutivo se haya equivocado en la forma de anunciar el castigo, pues para hacerlo efectivo éste tiene que ir acompañado de una medida legal. Y la única manera de tomar cartas en la delicada situación de esta región es declarándola zona de orden público, como hizo el gobierno anterior en territorios que estaban en poder de mafias, paramilitares y guerrillas.

Lo que pasa es que los que vociferan cada vez que el Estado plantea medidas para defender la legitimidad y el orden quieren vendernos una idea distorsionada de los derechos humanos. Ellos sólo hablan de estos cuando el estado entra en acción, pero callan ante los asesinatos y los ataques de la guerrilla. Son bizcornetos.

El Gobierno Nacional está en mora de asumir con todas las consecuencias la declaratoria del estado de excepción en el Cauca. Lo contrario es hacerle el juego a quienes, desde cómodas poltronas y disfrutando de las gabelas exageradas que se pagan con generosidad infinita a los “gentleman” del humanitarismo, atraviesan palos en la rueda a su accionar y lo enreda y lo maniata mientras el enemigo armado arrecia.

Quizás sea más difícil la batalla en el plano político y en el despliegue propagandístico que en el terreno militar, pues habrá que vérselas con el bullicio de la periferia civil de la guerrilla, pero, también aquí, el gobierno tendrá que jugársela con todos los dispositivos que tiene a su favor. Esta es una batalla que es ineludible ganar y para que ello esté en el campo de lo posible, el estado debe apelar a medidas de excepción.

Fuente: Ventana Abierta (Colombia)