Frente a los vergonzosos acontecimiento acaecidos en el Ecuador el último día del pasado mes de Septiembre, es necesario machacar que la idea medular en la cultura política occidental fue la de someter el poder político a las reglas del Derecho. Entonces, la idea de Estado de Derecho es la que el poder político no debe ser absoluto sino limitado jurídicamente. Lo cual supone un postulado, no solo organizativo, sino también ético, ya que tal principio ético se afirmó con especial énfasis polémico desde el mismo momento del nacimiento del Estado frente a las monarquías absolutas.

Siendo así, el Estado de Derecho supone la concurrencia de, cuando menos, estos cuatro elementos: a) Imperio de la Ley (así, con mayúscula), en cuanto plasma racionalmente la voluntad popular, esto es, legalidad más legitimidad; b) Garantía jurídica de los derechos y libertades de los ciudadanos; c) Aceptación de las consecuencias políticas básicas de la doctrina clásica de la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial),mereciendo atención especial la independencia de un poder judicial sometido al imperio de la Ley; d) Sumisión del poder ejecutivo a la Ley, es decir asunción del principio de legalidad. A lo que se agrega el control parlamentario y judicial de la actuación de la Administración.

Lo antes señalado dio pábulo a la democracia, que al decir de Winston Churchill era el menos malo de los sistemas. Sin embargo, algunos políticos “vanguardistas” decidieron que la acepción de los cuatro elementos revestía connotaciones liberales decimonónicas, por lo que decidieron sumar adjetivos al término Estado de Derecho, siendo así que en nuestro país desde la Constitución Política de 1.998 lo hace con los términos “social de derecho”, y la Constitución (se excluye la expresión Política) del 2.008 menciona que “El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, social, etcétera. El artículo 3 del instrumento de Montecristi señala que “Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”. A más de que en teoría el Estado reconoce a los ciudadanos derecho a la comunicación e información, a la cultura y ciencia, a la educación, a la vivienda, a la salud, al trabajo; pero en la práctica solo encontramos un país subdesarrollado económicamente, con alarmantes niveles de delincuencia, con libertades fundamentales conculcadas, con normas carentes de legalidad y de legitimidad, con violaciones sistemáticas a los debidos procesos, con una inmoral concentración de los poderes, con un parlamentarismo adocenado y un sistema judicial corrupto.

En el Ecuador, la adjetivación al Estado de Derecho solo ha servido para camuflar el desquiciamiento de la institucionalidad republicana.

Fuente: HACER