El vicepresidente Espada quiere meter en la cárcel a la periodista Marta Yolanda Díaz-Durán, al alegar que ella lo ha injuriado, difamado y calumniado. El esfuerzo debería ser legalmente inútil; sin embargo, constituye una de las más graves amenazas a la libertad de expresión que este gobierno ha presentado.

Artículo 35 de la Constitución: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Los funcionarios… podrán exigir que un tribunal de honor… declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados. El fallo que reivindique al ofendido, deberá publicarse en el mismo medio de comunicación social donde apareció la imputación”.

Artículo 30 de la Ley de Emisión del Pensamiento —de rango constitucional—: “…En ningún caso podrá tenerse como falta o delito la crítica o censura a… las autoridades o funcionarios en el ejercicio de sus cargos…” Artículo 35: “No constituye delito de calumnia o injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales en el ejercicio de sus cargos aun cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación”. Artículo 71: “De los ataques o denuncias contra funcionarios o empleados públicos, por actos puramente oficiales y referidos al ejercicio de sus cargos, conocerá un tribunal de honor a solicitud del interesado”.

A la luz del espíritu y del texto literal de la ley, lo dicho por la licenciada Díaz-Durán goza de una clara protección constitucional y, por ende, el vicepresidente se tiene que aguantar la cólera y denunciarla a un tribunal de honor, no al Ministerio Público como lo ha hecho. ¿Por qué se habrá acudido a la vía penal? Una posibilidad es que el Gobierno en general y el vicepresidente en particular estén mal asesorados. La otra es que, cansados de tanta crítica, el Ejecutivo esté “probando las aguas legales” para intimidar a sus detractores al intentar meter en la cárcel a la licenciada Díaz-Durán como un caso ejemplar y “paradigmático”.

Por lo tanto, lo que está en juego no solo le incumbe a la licenciada Díaz-Durán, sino a todos los ciudadanos. Los gobiernos tienden a atacar la libertad de expresión del pensamiento. Unos han tenido más éxito que otros. Este no es la excepción. Es en interés de los ciudadanos libres que el MP, en estricto apego a la ley, se abstenga de seguir con esta acusación penal. Si no fuera así, la maquinaria de intimidación tomará inercia y nuestra libertad estará en juego. El vicemandatario tiene derecho a buscar restablecer su honor. Pero lo debe hacer en apego a la ley y sin abusar del poder al violar la Constitución.

Fuente: Prensa Libre