La política exterior se va transformando en la estrategia central para manejar el conflicto de la deuda que se ha generado en la justicia de EEUU. El Mercosur, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), han dado manifestaciones de apoyo a la posición argentina de distinto tipo y entidad y lo mismo haría la semana próxima el Parlamento del Mercosur (Parlasur). Organismos internacionales regionales, como la Cepal y la Aladi se han manifestado también. El gobierno logró la reunión de cancilleres y ministros de economía de la OEA del 3 de julio, para que el Ministro de Economía argentino hable ante sus miembros, para tener su apoyo en una posición que cada vez más busca plantearse como un conflicto entre Argentina y los EE.UU., como lo muestran las solicitadas publicadas por el gobierno argentino el 21 y el 29 de junio en diarios estadounidenses y el 24 en los europeos. La estrategia política global para mostrar el apoyo del mundo emergente a la postura argentina, ha tenido como punto de partida la exposición antes representantes diplomáticos del G77 más China en la UN del Ministro Kicillof la semana pasada y continuará el 15 de julio en Brasilia, donde se hará la Cumbre de los Brics que tendrán un encuentro con Unasur. Las visitas a Buenos Aires de los presidentes de Rusia y China entorno a esta fecha, jugarán un rol importante en la estrategia política del gobierno argentino, que busca sumar apoyos de todos aquellos interesados en enfrentar, debilitar o limitar el poder de EE.UU. en el mundo.

Pero la cuestión es si esta estrategia política que se está desarrollando con relativa eficacia termina siendo útil o no para evitar el default y permitir que Argentina vuelva a los mercados. Probablemente, la negociación con los llamados “fondos buitres” se hará más difícil y no más fácil en este contexto. Al mismo tiempo las reiteradas críticas al juez estadounidense (Griesa), tampoco contribuirán a una resolución del conflicto. La Argentina sigue planteando que su caso pone en riesgo las reestructuraciones de deuda en el ámbito global, pero al mismo tiempo si la justicia estadounidense demostrara no ser eficaz para resolver conflictos derivados de bonos emitidos por países emergentes bajo su jurisdicción, se harían más difíciles e inseguras las colocaciones de bonos de estos países. La prolongación del conflicto comienza a alcanzar al sector privado y el grupo Pescarmona -uno de los más globalizados de Argentina- el 27 de junio postergó el pago de obligaciones negociables a su vencimiento. El riesgo de embargos a la Argentina durante el mes de julio, no se plantea para sus bienes estatales como Embajadas o vehículos militares, sino para los bienes comerciables del Estado argentino, como bancos, empresas y acciones. La estrategia argentina contempla para el caso que fracase en la negociación con los “fondos buitres”, llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, lo que implicaría un fuerte conflicto con EEUU. Argentina ha reiterado una estrategia tanto en la política exterior, como en el manejo específico del conflicto con los “fondos buitres”, que es la misma que caracteriza su gestión en política interna: redoblar la apuesta. La cuestión es que el fracaso en esta estrategia, puede ser el tercer error histórico de Argentina en 33 años, sumándose a la guerra de Malvinas y el default del 2001.

El procesamiento del Vicepresidente, ha convergido circunstancialmente para sumar un problema político interno de proyección institucional. Posiblemente el Juez (Lijo) aceleró la medida judicial, para evitar acciones puestas en marcha por el oficialismo para bloquear o sacar de su órbita la causa. Quienes en el oficialismo serán candidatos (Scioli, Randazzo, etc.) prefieren una licencia de Boudou, que evite el costo político de su imagen junto a la Presidenta en el país o reemplazándola cuando viaja -como sucederá a mediados de julio- o representándola en el exterior, como ocurre ahora en la asunción del nuevo Presidente de Panamá. Pero en la Casa Rosada se teme que esta licencia obligue a otras, dado que el control sobre la justicia se hace más difícil a medida que se acerca el final del mandato y hay 44 funcionarios con denuncias de corrupción en la justicia. Pareciera que la Presidenta opta por perder imagen para retener poder. Además, ella no será candidata. Pero el problema es que el Vicepresidente tiene abiertas 10 causas judiciales en la justicia federal por distintas denuncias de corrupción. Ya el 15 de julio – cuando reemplazará a la Presidenta que estará en Brasil- ha sido citado en la denuncia por haber tenido un auto con papeles falsos. La causa por enriquecimiento lícito, también tendría alternativas judiciales en los próximos días.

El caso Boudou da una oportunidad a la oposición, la cuestión es si sabrá aprovecharla. El conflicto por la deuda, no resulta fácil para las fuerzas opositoras, que por un lado piden evitar el default, pero por otro no quieren quedar descolocadas frente al giro nacionalista que ha adoptado el gobierno como estrategia en la política exterior. El caso Boudou en cambio, resulta más fácil. Carrió está escalando el conflicto, buscando plantear las vinculaciones con el caso Ciccone del ex presidente Néstor Kirchner y de la actual presidenta Cristina Kirchner. Cobos viene planteando desde hace semanas la propuesta de constituir una “Conadep de la corrupción” y Massa propuso la semana pasada declarar los delitos por corrupción de “lesa humanidad” es decir que no prescriban nunca, como las violaciones a los derechos humanos. El PRO ha optado por pedir el juicio político del Vicepresidente -lo que es inviable dada las sólidas mayorías del oficialismo en el Congreso- refutando al Kirchnerismo que afirma que Macri está procesado penalmente por la causa de las escuchas y también lo están dirigentes de la UCR y ni renuncian ni piden licencia. Que el Papa en su homilía del domingo 29 haya hecho mención al problema que significa la corrupción en la política, no ha favorecido al gobierno, que espera que un buen resultado en el Mundial de Fútbol revierta la situación desfavorable con la cual entra en julio.

En conclusión: la política exterior argentina es central en el conflicto por la deuda y el gobierno busca sumar apoyos de todos aquellos que quieren confrontar o limitar el poder de EE.UU; pero ello puede no resultar eficaz para resolver el problema concreto que es el riesgo de default y sus efectos que comienzan a anticiparse en la economía real; el procesamiento de Boudou es un golpe político para el oficialismo, porque instala la corrupción como tema en la agenda lo que se prolongará en el tiempo y a la oposición le resulta más fácil capitalizar el caso del Vicepresidente que el conflicto por la deuda, donde teme descolocarse frente al sesgo nacionalista que adopta el gobierno.

Fuente: La Prensa Popular (Argentina)