En el discurso conmemorativo de los 188 años de la creación de la Policía Boliviana, el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez Valenzuela, planteó la posibilidad de que la institución del orden pueda intervenir llamadas telefónicas en caso de secuestro o donde la vida de una persona se encuentre en peligro.

Experiencia. La autoridad de Gobierno comentó que en un caso particular, le tocó seguir de cerca el secuestro de una muchacha. En esa ocasión, los plagiadores se comunicaron con la familia para exigir dinero por el rescate. “No teníamos la posibilidad de intervenir la llamada y teníamos un delito en curso de secuestro donde había flagrancia, pero estábamos imposibilitados porque no teníamos los equipos necesarios”, mencionó Pérez, quien comparó que en otros países ante esta clase de delitos graves la legislación lo permite.

Las opiniones. Para el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Juan Carlos Ramos Rocabado, existen dos parámetros al respecto de lo que significa el accionar policial. Uno que es el respeto de los derechos fundamentales a todos los habitantes que realizan una función en la sociedad. Sin embargo, cuando se viola el orden público comienza lo ilícito, es ahí donde de manera directa y especializada se empieza a accionar los mecanismos de la política criminal. “Todas aquellas cosas que se puede meter mano y hacer uso dentro el marco de los que significa lo establecido en el cumplimiento de la ley, se lo debe hacer, pero toda investigación debe estar enmarcada bajo la dirección funcional del Ministerio Público”, explicó Ramos.

De su lado, el exfiscal Joadel Bravo ve viable esta posibilidad del pinchazo; aunque aclara que no está permitido en la Constitución Política del Estado. “Yo soy del criterio de que sí deberíamos pinchar teléfonos en casos extremos de violencia. Además que para nadie es desconocido ahora que se intervienen los teléfonos. Los últimos escándalos públicos han dado la razón y no es visto como un delito”, señaló.

El excomandante de Policía y abogado Rolando Fernández consideró justificable el pinchazo, pero en casos específicos y bajo condiciones legales. “En estos casos sería favorable pues se intervendría llamadas para desarticular bandas criminales. “De ser viable debe ser aprobado por una autoridad competente plenamente justificada en base a antecedentes y no para fines políticos”, subrayó.

En los últimos secuestros la Policía tuvo dificultades y demora para la desarticulación de bandas de secuestradores que venían sembrando el miedo.

La policía

Celebra sus 188 años de creación con la desarticulación de 54 bandas

El comandante departamental de la Policía, Johnny Requena Rada celebró el 188 aniversario de la creación de la institución del orden con una serie de condecoraciones,  desfiles y demostraciones que se realizaron ayer en el Cambódromo.

Requena resaltó el trabajo de la Policía con la desarticulación de 54 bandas delictivas y la detención de 221 personas ligadas a actividades ilícitas, que se encuentran con detención preventiva. Asimismo, ponderó la inversión departamental, municipal y del Gobierno para la implementación y dotación de equipos para la Policía en todo el departamento./LES.

Debate

Normas que hacen legal los ‘pinchazos’

Las leyes que permiten las escuchas, previa autorización judicial, son la Trata y Tráfico de Personas, Marcelo Quiroga Santa Cruz y la Ley 1008, con el objetivo de lograr la captura de personas que cometen actos ilegales.

La Ley de Trata y Tráfico de Personas en su artículo 41 (Intercepción y grabación de llamadas) establece que la o el fiscal de materia podrá solicitar a la autoridad jurisdiccional competente la intercepción y grabación de llamadas telefónicas, de manera fundada, cuando existan serios indicios de la participación de una persona en asociaciones u organizaciones delictivas, en los hechos delictivos relacionados con los delitos de trata y tráfico de personas”.  La Constitución Política del Estado señala que la intervención de llamadas o “pinchazos” sin autorización judicial, es un delito porque se viola el derecho a la intimidad de las personas, y es considerado como espionaje telefónico, aseguró Piérola.

El artículo 25 de la Constitución establece que “toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial”.

Fuente: EJU.TV (Bolivia)