El exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno  Boris Villegas, procesado por la red de extorsión del caso de  Jacob Ostreicher, afirmó que todo lo que está revelando el exfiscal Marcelo Soza desde Brasil es verdad.

“En términos generales Marcelo Soza dice la verdad porque todo mundo sabe que la justicia y el Ministerio Público están controlados por el Ministerio de Gobierno. Los fiscales son simples funcionarios del Ministerio de Gobierno y quien no hace lo que ellos quieren lo usan y lo botan, y al final terminan en la cárcel. Antes Soza era el niño mimado de todos, ahora es el peor delincuente. Lo mismo sucede conmigo, yo era el director de Régimen y ahora todo lo que digo no vale porque soy un gran delincuente”, dijo Villegas frente a los vocales del Tribunal de Justicia, Hugo Iquise y Willam Tórrez.

Fue el viernes durante una audiencia de apelación a su detención. Expresó que ya lleva un año y cinco meses preso y sin pruebas en su contra, pero que hay una consigna política para destruirlo. Villegas figura en una lista de testigos en el juicio por terrorismo impulsado por Soza.

“No puedo entrar al fondo de lo que dice Soza, pero está en lo cierto respecto a la  dependencia de la justicia al ejecutivo. En el proceso por terrorismo, el Ministerio de Gobierno paga los pasajes, los alojamientos y los viáticos a los jueces del tribunal que conocen el caso y a los fiscales, y eso no es depender de alguien?”, dijo.

En documentos entregados al Consejo Nacional de Refugiados (Conare) de Brasil, Soza aseguró que fue presionado para fabricar pruebas, acusar a cruceños y armar el caso terrorismo en medio de ilegalidad.

Dura respuesta del ministerio 

En el acto en la sala penal, los fiscales anticorrupción Olvis Égüez y Ángel Álvarez se opusieron al pedido de Villegas. Lo mismo hizo la nueva asesora legal  del Ministerio de Gobierno, María Judith Achocayo, cuyo poder otorgado por el vice ministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, para llevar el caso fue cuestionado.

La abogada asumió férrea defensa del ministro Carlos Romero y de Jorge Pérez. Descalificó a Villegas y aseguró que él y los de la red trabajaron antes en el ministerio y que cometieron delitos, y deben ser juzgados.

Le dijo a Villegas que el ladrón piensa que todos son de su condición, hecho que causó la reacción inmediata de Villegas y de su abogado, Otto Ritter, al calificar la frase como autoritaria, condenatoria y de discriminación. Ritter se levantó para abandonar la sala exigiendo a los vocales poner freno a la acusación de la asesora y al final Tórrez puso orden. La apelación fue rechazada por el tribunal y Villegas perdió otro recurso.

Fuente: El Deber (Bolivia)