Una de las grandes confusiones originadas por el embrollo jurídico, es el concepto de la justicia. Desde su antigua definición romana de que es simplemente dar a cada uno lo suyo, ha corrido mucha agua bajo el puente.

Hoy día es sostenido que cuantas más personas se hallan involucradas en la definición, más moral resulta la justicia. Este tipo de errores se da en el caso de la llamada “Justicia Social”, que realmente no encuentra una definición concreta, aunque esto en realidad es secundario y más importante es señalar que los objetivos son mucho menos vislumbrados que su propia definición.

Nuevamente tenemos aquí el caso de la mención del sujeto colectivo como supuesta garantía de aceptación. Tanta es la cobardía de señalar su verdadero significado que se ha optado por olvidar su antigua regla de dar a cada “uno lo suyo”.

Es evidente que la confusión, intencionada o no, opera con relación a la cantidad de derechos que pueda implicar la justicia, con la cantidad de personas que puedan ser cobijadas por esa “Justicia” y en vez de indicar conjuntos de derechos, se lo confunde con conjunto de personas.

Se ha visto el problema que se tiene con la legitimación activa en el caso de los sujetos colectivos. En sentido legal, la legitimación activa es la facultad que tiene uno para accionar en contra de quien se reclama algo. Técnicamente, según el principio de la Justicia Social; que un individuo obtenga justicia, es absolutamente secundario por no decir que le está vedado.

Esto es así según el concepto, pues sólo la sociedad, y no sus integrantes en forma particular, puede obtener justicia, lo cual en sentido estrictamente científico es una aberración jurídica.

Para los que sostienen la justicia social, la persona es simplemente una pieza dentro de un gigantesco engranaje, que fácilmente puede ser sustituido por un repuesto.

Esto realmente es cruel y deshumano, pues no reconoce las virtudes que son tan distintas en las personas, por lo que no se lo puede reducir a un simple repuesto social. Emparentar la ley con la justicia, no es una cuestión exclusiva de la época moderna, desde la antigüedad se han encontrado en una terrible disyuntiva.

En gran medida el hombre siempre ha creído que al sancionar leyes, estas solucionarían los problemas de la injusticia, aun cuando ni siquiera haya definido bien el término “justicia”. En realidad la interminable lista de leyes desemboca finalmente en la burocracia y lejos de acercarse a la noción de la justicia, contribuyen notablemente a un efecto contrario, que es la corrupción.

La burocracia es sin dudas la madre mala de la corrupción. Cuando las injusticias vienen de los que deberían velar por el estricto cumplimiento de las leyes, es cuando nos encontramos frente a hechos de corrupción, pues técnicamente las violaciones a la ley por parte de personas ajenas a la administración, son delitos comunes y no corrupción propiamente.

Un parámetro pocas veces tenido en cuenta es que cuando existen excesivas  leyes, también habrá excesivos funcionarios encargados de ejecutarlas, lo que equivale a escollos que de una u otra forma, las personas que deseen avanzar querrán sortear y es ahí donde se crea la oportunidad para corromper y ser corrompidos.

Los países con más altos índices de estatismo, son los más corruptos, pues cuanto más grandes son éstos, más leyes necesitan para tratar de controlarse a sí mismos, atendiendo a que sus diferentes estamentos son dirigidos por personas, quienes por lo general deciden a su modo muchas cuestiones.

La seguridad jurídica nada tiene que ver con la ingente sanción de leyes, sino por el contrario, que estas leyes no faculten a legiones de funcionarios a autorizar o deshacer a su antojo las reglas de la inversión o la vida jurídica de las personas, pues crean el ambiente y la oportunidad adecuadas para la corrupción. Es bueno saberlo.

* Hugo Vera Ojeda es Presidente de la Fundación Libertad del Paraguay.

Fuente: HACER