El exfiscal Marcelo Soza declaró ante el Consejo Nacional del Refugiado  (Conare) de Brasil  que el denominado “gabinete jurídico” tomó la decisión de que el caso Terrorismo  radicara en La Paz porque el Gobierno tenía “el control total” de los jueces y fiscales de este distrito.

“En el diseño estratégico o dibujo estratégico  se tomó la decisión de radicar el caso en la ciudad de La Paz porque el ‘gabinete jurídico’ tenía el control total de los jueces y fiscales de este distrito. Hecho que no ocurría en Santa Cruz”, aseguró Soza y dijo que en virtud de esa determinación el Ministerio de Gobierno presentó la denuncia formal ante la Fiscalía de Distrito de La Paz.

El memorial de denuncia que presentó el Ministerio de Gobierno -relata Soza-  tenía la fecha 30 de marzo de 2009  pero recién fue entregado  el 14 de abril de 2009, cuando todavía no  había ocurrido ningún hecho de violencia armada que justifique dicha denuncia.

Aseveró que “como pocos, conozco la forma en la cual se manejan los jueces y fiscales en Bolivia. Lo he vivido por años. El grado de influencia del Gobierno sobre la justicia es absoluto. Si un juez o fiscal decide resistir sus dictados, simplemente son destituidos, enjuiciados penalmente y condenados a una muerte civil. El ‘gabinete jurídico’ es un instrumento de intervención y sometimiento de la justicia”.

En abril de este año, los exasesores del Ministerio de Gobierno Dennis Rodas, Fernando Ribera y Boris Villegas -detenidos en el penal de Palmasola de Santa Cruz- denunciaron con papelógrafos que el denominado “gabinete jurídico” nombró 24 jueces y fiscales entre 2008 y 2011, para que “atiendan” los procesos clasificados como “casos de seguridad interna del Estado”.

En la lista presentada por los exasesores -a la comisión parlamentaria de “Justicia y Verdad”- figuran Mario Uribe (exfiscal general del Estado), Ramiro Guerrero (fiscal general del Estado), Betty Yañíquez (exfiscal de Distrito de La Paz), Isabelino Gómez, entre otros.

Informaron que el denominado “gabinete jurídico” estuvo conformado por al menos 25 exfuncionarios del Órgano Ejecutivo y Judicial. Al menos 40 casos conocidos por nombres como  Chaparina, El Porvenir, video soborno de Soza, Terrorismo I y II, Yapacaní, Visas Chinas, Caranavi, eran “manipulado(s)” desde este gabinete.

Asimismo, aseguraron que Raúl García Linera, hermano del vicepresidente Álvaro García Linera, formaba parte del denominado “gabinete jurídico”, que presuntamente manejaba los casos más importantes contra opositores y planeaba la injerencia en la justicia.

El exfiscal, refugiado en Brasil desde el 11 de marzo, relató al Conare que Raúl García Linera, Luis Clavijo y el finado Carlos Núñez del Prado coordinaron el operativo en el hotel Las Américas de Santa Cruz, donde perdieron la vida tres extranjeros.

Además estas tres personas (Raúl, Luis y Carlos) dirigieron la investigación del presunto grupo terrorista liderado por el húngaro-boliviano Eduardo Rózsa Flores.

“La investigación previa fue dirigida por Luis Nolberto Clavijo y   Carlos Núñez del Prado, ambos directores del Ministerio de Gobierno, bajo coordinación directa de Raúl García Linera, hermano del vicepresidente Álvaro García Linera, al que le encomendó dirija estos operativos para esta investigación”, señala parte de la declaración del exfiscal.

Asimismo, Soza, quien investigó el caso Terrorismo I e imputó a 39  personas,  informó que Luis Clavijo y Raúl García Linera forzaron para que la investigación se concentrara sólo en los posibles financiadores del grupo pero “los hechos más relevantes (del caso) fueron olvidados y postergados”.

Otros  datos

Salida. El exfiscal Marcelo Soza se encuentra en Brasil con refugio temporal de 180 días desde el 11 de marzo.

Carta. El exfiscal en entrevista con Página Siete y la agencia ANF, en un café de Brasilia, confirmó que la carta rotulada Al pueblo de Bolivia fue firmada por su puño y letra.

Procesos. Soza tiene tres procesos. En La Paz  por el caso video soborno. En  Santa Cruz  por extorsionar a los presuntos implicados en el caso terrorismo y en Sucre por incumplimiento de deberes, que le fue iniciado por la Fiscalía General del Estado.

Fuente: EJU.TV (Bolivia)