En mayo de 2013, en correspondencia con una imputación hecha por los sucesores de Abel Córdoba a Vicente Massot, en una causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar, los fiscales ad hoc José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani solicitaron nuevamente el allanamiento, además de la indagatoria, detención y prohibición de salir del país del director de este diario.

El juez interviniente, basado en la “orfandad probatoria” de la acusación, rechazó los pedidos entendiendo que no quedaba “…mínimamente acreditada la (…) relación causal entre las mentadas publicaciones y el genocidio perpetrado. Asimismo, no hay evidencia hasta el momento de haber existido un efectivo aporte al plan criminal diseñado por la dictadura militar”. Por lo demás, y a pesar de haber dispuesto el juez el allanamiento, los fiscales nunca lo realizaron.

Más allá de las decisiones judiciales, la Dirección de “La Nueva.”, tanto en el momento del pedido del entonces fiscal ad hoc Abel Córdoba, como al inicio del proceso en curso, sostuvo que “Si la intención política es detener a Vicente Massot (…), el gobierno nacional cree contar con toda suerte de artimañas para lograrlo y con un ejército de militantes en el ámbito de la Justicia que obedecerán puntillosamente las directivas que les impartan. (…) Pero entonces será eso: una persecución ideológica que se empecinará en convertir en delito la expresión de una posición propia, distinta y opuesta a los intereses de quienes no sólo se creen dueños de la verdad, sino del país y de las vidas y suertes de todos sus ciudadanos. “La Nueva Provincia” ha mantenido una línea editorial perfectamente identificable, como lo han hecho otros medios de líneas distintas de la suya. Y no puede imputársele otra cosa que no sea esa consecuencia que siempre se ha manifestado abiertamente”.

A días de la presentación de Vicente Massot ante el juez de la causa a fin de cumplir con la indagatoria fijada para el próximo 24 de abril, la Dirección de esta casa mantendrá su línea de no confrontar con los fiscales ad hoc en el terreno mediático que éstos han utilizado desde el inicio.

Dicha intención mediática, que ya denunciáramos en nuestro editorial del 13 de junio de 2011, quedó demostrada ahora, una vez más, a poco de verificar que el mayor volumen de documentos requeridos por los fiscales ad hoc en el procedimiento de ayer -los tomos de las colecciones encuadernadas de “La Nueva Provincia” y los materiales de archivo- son de público acceso en “La Nueva.” y, desde siempre, cualquier interesado puede acceder a los mismos con solo solicitarlo. A tal punto es esto cierto que son visitados y consultados continuamente por estudiantes, investigadores o simples particulares. En cuanto a la obtención de los libros contables y societarios, bastaba con que los fiscales ad hoc ejercieran su facultad de emplazar a la Dirección de “La Nueva.” para que aportara, en plazo perentorio de horas, dichos materiales. Como en anteriores oportunidades, hubieran sido satisfechos en tiempo y forma.

Sin embargo, hay un hecho todavía más preocupante, el juez en su orden de allanamiento estableció que “En ningún caso la diligencia autorizada podrá entorpecer ni afectar el normal funcionamiento del medio gráfico, ni mucho menos afectar la libertad de prensa ni la absoluta reserva de la ‘fuente periodística’, garantías que han sido incorporadas por la reforma constitucional de 1994, y que no ceden pues adquirieron rango de una verdadera ‘libertad institucional’”. A pesar de ello los fiscales ad hoc, acompañados por personal de la Gendarmería Nacional, han dispuesto el secuestro de cientos de sobres y biblioratos conteniendo fotos y recortes periodísticos del archivo de “La Nueva.” que podrían haber sido, una vez más, pedidos o en su caso copiados, en tanto y en cuanto hacen al funcionamiento diario de los medios periodísticos de la empresa.

Los fiscales ad hoc Nebbia y Palazzani, que han declarado públicamente su condición de militantes por encima del deber de objetividad que les impone el cargo que detentan, están incluidos en la denuncia del Consejero del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, doctor Mario Jorge Cimadevilla, contra la Procuradora General, Dra. Gils Carbó, que señala “que la designación de fiscales ad hoc configura la creación de una estructura ilegal paralela al Ministerio Publico Fiscal, que permite a la Procuración General de la Nación, mediante la actuación de un grupo de ‘incondicionales’, la concreción de objetivos -por obscuros- inconfesables, que nada tienen que ver con la función de velar por la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad”.

Fuente: La Nueva (Argentina)