La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia expresó ayer su “profunda preocupación” por los actos de violencia sufridos por organizaciones y personas vinculadas a la promoción y defensa de los derechos humanos  los últimos días en La Paz.

“La oficina recuerda que es responsabilidad primordial del Estado garantizar la vida, la libertad, la integridad física y la labor de todas las personas involucradas en actividades de defensa de derechos humanos sin distinción de origen nacional, nacimiento, opiniones políticas o cualquier otra condición social”, señala el documento de la ONU, difundido por ERBOL.

La ONU se pronunció  por la quema –la madrugada del 9 de febrero– de las carpas que eran ocupadas por miembros de la Plataforma de Víctimas de la Violencia Política y Sobrevivientes de las Dictaduras, en El Prado de La Paz,  y por la intervención policial a la sede de Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).

“La OACNUDH Bolivia se hizo presente en el lugar de los hechos. Notó la ausencia de autoridades policiales en el lugar y la falta de protección de la escena para la necesaria identificación de indicios o evidencias que puedan esclarecer los sucesos allí acontecidos”, indica parte del documento.

El alto comisionado también “lamenta que la intervención policial a la (sede de la) Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que se realizó el 18 de enero, se haya prolongado durante tres días, afectando el desarrollo de su labor”.

Para la OACNUDH Bolivia, esos hechos “crean un ambiente desfavorable para la legítima labor de los defensores de derechos humanos y reitera su llamado a las autoridades nacionales competentes a atender sus deberes del Estado en materia de protección y garantía del derecho de las personas a promover y defender los derechos humanos, así como a investigar, juzgar y sancionar a los autores de cualquier violación a los derechos humanos”.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, pidió al Gobierno acelerar las gestiones para lograr una solución definitiva al conflicto que enfrentan las víctimas de violencia política, que desde marzo de 2012 realizan una vigilia en inmediaciones del Ministerio de Justicia. Exigen  la revisión de los expedientes desclasificados para acceder a un resarcimiento.

Fuente: Página Siete (Bolivia)