Así se ha mostrado quien salió por primera vez a la luz pública hace dos años en un caso jurídico complejo.

Se trata de una mujer sin miedos y sin tachas, abogada de profesión, defensora pública, fiscal, y ahora enfrascada en una cruzada cuesta arriba en pro de la instauración en Guatemala de un verdadero Estado de Derecho “que nunca hemos tenido”.

Saludo respetuosamente desde esta columna a la licenciadada Gilda Aguilar Rodríguez.

El pasado miércoles 8 de enero sostuvo una conferencia de prensa en la Torre de Tribunales, inmediatamente después de haber presentado un antejuicio contra la Fiscal General en ejercicio, la doctora Claudia Paz y Paz, por los delitos de denegación de justicia e incumplimiento de deberes.

A tal respecto, conviene recordar que la querellada Paz y Paz inesperadamente se había hecho presente en la Fiscalía Distrital de Huehuetenango el 2 de agosto, para reprocharle a la fiscal Aguilar que hubiera gestionado órdenes de aprehensión contra diez militantes del CUC, los sospechosos más probables de haber secuestrado trabajadores, quemado instalaciones y maquinarias de la Hidroeléctrica Santa Cruz, en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, y hasta de haber golpeado a militares y robado sus armas, el 1 de mayo del 2012.

Y que al día siguiente de ese repentino arribo de la Fiscal General a Huehuetenango, los dirigentes del CUC ofrecieron una conferencia de prensa, en la que volcaron su odio hacia la licenciada Aguilar con un torrente de invectivas, entre ellas las de “corrupta”, “nefasta” y “represiva”, y a continuación pidieron su inmediata destitución.

Coincidentemente, el 22 de agosto la licenciada Aguilar fue objeto de un atentado nocturno, con alevosía y ventaja, contra su vida, presumiblemente por obra de miembros del CUC.

Es de recordar que los militantes del CUC, organización fundada por Vicente Menchú, son bien conocidos por otros casos de violencia armada desde los tiempos en que militaban como una rama del EGP.

Por fortuna, la licenciada Aguilar no es de las personas que se dejan amedrentar fácilmente.

Fue en este marco conflictivo, cuando la emboscaron en la Sierra de los Cuchumatanes y el custodio que la acompañaba, por instrucciones del Ministerio de Gobernación, Samuel González, quedó herido de balas, una particularmente muy peligrosa en la ingle, que todavía retiene alojada en su cuerpo. El auto también quedó acribillado de impactos, como consta de las fotografías que obran en poder del Ministerio Público.

Aquella noche la licenciada Aguilar logró esconderse en un tupido matorral, donde permaneció por dos horas, a la espera angustiosa de que la llegaran a rematar. Pero llegó a tiempo el Ejército, también la Policía, y hasta una ambulancia, pero no llegó el Ministerio Público.

La conclusión precipitada que se formó el Ministerio fue que se había tratado de un caso de delincuencia “común”. Lo sorprendente es que del auto vacío la licenciada había podido recuperar su bolsa más tarde con el contenido intacto…

De aquí arranca el porqué de la querella de la licenciada Aguilar contra la doctora Paz y Paz:

Siente que se le denegó justicia, por cuanto la investigación fiscal parece haber sido maliciosamente desviada para encubrir a los verdaderos responsables. Se permitió que la escena del crimen fuera contaminada, y no se le reconoció oficialmente a la licenciada Aguilar su papel de víctima, ni se le dio participación en las audiencias judiciales que se llevaron a cabo. Encima, fue revictimizada por la misma Fiscal General con un proceso disciplinario, en atención a los requerimientos del CUC contra ella.

Además, el Artículo 117 del Código Procesal Penal establece que el agraviado ha de “ser informado sobre los derechos que le asisten en el procedimiento penal, recibir asistencia médica, psico-social, o cualquier otra que tenga por objeto reducir las secuelas del hecho delictivo, que el Ministerio Público escuche su opinión en el procedimiento, fundamentalmente antes de las decisiones definitivas o de las provisionales que implican clausura o extinción de la persecución penal, a recibir resarcimiento y/o reparación por los daños recibidos, a recibir protección cuando su integridad física corra peligro, como consecuencia de la persecución penal en contra del sindicado, a que existan mecanismos que disminuyan los riesgos de victimización secundaria durante el proceso penal”…

El Ministerio Público no cumplió con ninguna de estas cláusulas.

Si así se comporta la doctora Claudia Paz y Paz hacia sus propios subordinados, ¿qué es de esperar para nosotros, las personas comunes y corrientes?

Fuente: Centro de Estudios Económico – Sociales (Guatemala)