El INEGI dio a conocer la semana pasada las cifras de inflación correspondientes al 2013. La inflación general medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor cerró en 3.97%, en el límite superior del margen de +/- un punto porcentual respecto del objetivo de inflación de 3% fijado por el Banco de México. Por subíndices, el subyacente aumentó en 2.78%, la menor tasa desde que se hace esta medición, mientras que el índice no subyacente se incrementó en 7.8% derivado principalmente de un incremento de 8.30% en el precio de los energéticos, de uno de 9.32% en las tarifas autorizadas por el gobierno y de 6.67% en los precios de los bienes agropecuarios, destacando el incremento de 13.89% en frutas y verduras. ¿Qué se puede deducir de estas cifras?

Primero, que la política monetaria instrumentada por el Banco de México ha sido eficaz para cumplir con su mandato constitucional de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. El éxito o fracaso de la política del banco central debe medirse con el incremento que tenga el índice subyacente, que es en el cual se reflejan las presiones de demanda agregada derivadas de la política monetaria, más los efectos derivados de la depreciación cambiaria. Que éste índice haya aumentado en 2.78%, la menor históricamente, indica que el Banco de México ha hecho bien su trabajo. Inclusive puede afirmarse que este aumento hubiese sido menor de no haber sido por el efecto secundario del incremento que experimentaron los precios de los energéticos. Ya es tiempo de que el Banco de México reduzca su objetivo de inflación a 2%.

Segundo, quitando el incremento extraordinario en el precio de los bienes agropecuarios derivados de efectos climáticos adversos (y de la extorsión que sufren por ejemplo los productores de aguacate en Michoacán o los de limones en Colima), la cifra de la inflación general de 3.97% se le puede atribuir a las decisiones del gobierno en la fijación de precios, particularmente en el de los energéticos y, de manera extraordinaria al incremento de 60% en la tarifa del Metro en la Ciudad de México.

En cuanto a los precios de los energéticos derivados de los hidrocarburos, la política al respecto fue ir reduciendo el enrome subsidio que el gobierno otorga en el precio de las gasolinas y del diesel que, pese al incremento registrado en éstos, llegó a alrededor de 100 mil millones de pesos, un subsidio con un fuerte carácter regresivo ya que del total, 70% de éste se lo apropia el 20% de la población de mayores ingresos. Y respecto de la electricidad, las empresas pagan las tarifas más caras de entre los países que conforman la OCDE. Y aquí entran dos comentarios.

Uno, este año el precio de los combustibles volverá a aumentar más que el objetivo de la inflación general y, de acuerdo al Secretario de Hacienda, en 2015 lo harán en línea con la inflación. ¿Qué no con la reforma energética habría participación privada en toda la cadena de hidrocarburos, incluyendo la producción y distribución de gasolina? Por la declaración del Secretario parece que los mexicanos seguiremos enfrentado el monopolio de PEMEX en este bien.

Dos, imposible que las tarifas eléctricas se reduzcan en el corto plazo, simple y sencillamente porque la CFE y los generadores privados de energía eléctrica no tienen acceso a un abastecimiento barato de gas natural. Esto sucederá, en el mejor de los casos hasta 2015 o 2016 y todo depende de cómo se instrumente la reforma energética.

Fuente: Asuntos Capitales (México)