De repente una de las bombas de tiempo del gobierno estalló, en una de las explosiones a repetición que estaba llamada a detonar. El vicepresidente Boudou quedó expuesto como nunca antes a la prueba de que ha cometido varios delitos en el ejercicio de la función pública y de que usó su cargo para beneficiarse personalmente intentando quedarse con la fabrica de billetes de la Argentina.

Uno de los hermanos Ciccone lo incriminó directamente diciendo que Boudou le había pedido el 70% de la empresa a cambio de salvarlo de la quiebra y que lo había mandado a hablar con Núñez Carmona avalando todo lo que éste dijera en su nombre.

Los dichos ratifican una anterior declaración en el mismo sentido hecha por uno de los yernos de Nicolás Ciccone, Guillermo Reinwick, ahora amparado por el programa de testigos protegidos.

Boudou, que ejerció la presidencia hasta hace poco mas de dos semanas, fue una elección unipersonal e inconsulta de la señora de Kirchner cuando lo ungió como su compañero de formula en la elección de octubre de 2011. En ese momento la presidente adujo reconocerle al ex ministro de Economía la idea de estatizar el sistema de AFJP que le dio al gobierno una inconmensurable caja de efectivo a expensas del futuro de los jubilados. Aun hoy esos fondos le dan al ejecutivo un cash flow que le permite disimular los enormes déficits que lo aquejan.

El vicepresidente ha sabido manejar mediáticamente estas circunstancias que lo rodean al punto que pocos saben o recuerdan que desde hace un año y medio tiene un pedido de juicio político en la respectiva comisión de la Cámara de Diputados que, desde entonces, se ha dedicado a protegerlo bajo el imperio de los votos de mayoría kirchnerista.

Pero no caben dudas de que con el avance de las investigaciones y las declaraciones de los testigos, su figura se hunde cada vez más en las certezas de la corrupción. No falta mucho para que queden públicamente acreditados sus vínculos comerciales y económicos con Alejandro Vanderbroele, titular de The Old Fund, la firma que pretendía “comprar” la imprenta de los Ciccone. En ese sentido las declaraciones testimoniales de Laura Muñoz que fueron aceptadas por el juez más allá de los ex vínculos conyugales con Vanderbroele, han sido demoledoras.

The Old Fund a su vez emitió su factura número 003, escrita a mano, por valor de más de $ 8 millones de pesos, a nombre de la Secretaría de Hacienda de la provincia de Formosa que la había contratado por recomendación de Boudou para refinanciar su deuda con la Nación. Los vínculos del vicepresidente con la empresa “fronting” que iba a utilizarse para quedarse con la imprenta de billetes son más que claros.

¿Qué hará la Justicia con Bodou? ¿qué hará la presidente con su elegido?

La señora de Kirchner sigue borrada de los lugares que solía frecuentar. Estuvo completamente ausente de los sucesos que arrasaron la ciudad de Córdoba a manos de miles de delincuentes que provocaron dos muertes y una pérdida millonaria medida en dinero de gente cuyo único delito ha consistido en pretender trabajar, en operar un negocio lícito.

El contraste frustrante que ofrece el país en ese sentido es tan demoledor como las pruebas que acumula Boudou en su contra. Un país que, impertérrito, permite que se le robe en la cara y a la vista de todo el mundo a la gente honesta; que se saqueen sus comercios, sus negocios, sus casas particulares… Que se reduzca a nada el esfuerzo de años de trabajo de gente que viene soportando impuestos, injusticias, abusos, desigualdades, insultos, etiquetas, y que, por el otro lado, permite que sus autoridades -que encima acaban de declararse inmunes e impunes por ley especial del Congreso- se encaramen en la riqueza usando la influencia de sus cargos, resulta francamente ofensivo, insultante, arbitrario, terminal en el sentido de quitarle a uno las pocas ganas de hacer algo por esta tierra de injusticias y de malandras.

El imperio de la ley se ha perdido en la Argentina, el imperio de ley justa. Impera una ley desigual, en donde una casta que se trepa en el poder con nuestro voto legítimante, se adueña de nuestras vidas, de nuestras fortunas y de nuestro futuro, en abierto desafío a lo que fue el sueño de los constituyentes que fundaron la república en Santa Fe hace 160 años.

El caso del vicepresidente podría ser un punto de partida para empezar a recomponer los tantos entre la vida de vanidades del poder y la vida del hombre común en la Argentina. Un hombre común que es víctima pero a la vez victimario en esta historia. Solo su escasa formación, su inclinación a dejarse endulzar los oídos por cualquier encantador de serpientes, su escaso apego a la defensa de las libertades individuales, su necesidad de contar con alguien que le acomode la vida y que de alguna manera “lo salve”, su escasa vocación por ser libre, su extraordinario desdén por el Gobierno de la ley y su manifiesta inclinación por reconocer y validar un sistema en donde quien gobierna no es el Derecho sino personas a las que transforma en sus propios “dueños”, han generado su propia desgracia.

Nada de todo eso que la sociedad privada ha permitido alegremente es gratis: su precio son los Boudou, los hechos de Córdoba, las fortunas inexplicadas, el saqueo de la administración común, el pésimo concepto mundial, el aislamiento, la quiebra económica y la desintegración de los ahorros.

Aun cuando la Justicia encauce las incontrastables pruebas que pesan sobre el vicepresidente, la sociedad no estará libre de sus propios cargos. La eventual condena que pueda recibir un encumbrado funcionario no expía nuestras responsabilidades y nuestras flaquezas. Estamos recogiendo lo que sembramos. Una cosecha que deja al descubierto cómo le hemos fallado a la Historia y cuán lejos hemos quedado de la expectativas que había despertado un pueblo al que todo el mundo le auguraba un futuro peraltado y un horizonte brillante. De esos pronósticos no ha quedado nada. Apenas las vergüenzas de funcionarios impresentables y las lágrimas de la gente honrada que llora sus esperanzas perdidas.

Fuente: Infobae (Argentina)