Es común justificar medidas intervencionistas que frenan el mercado justificándolas con la necesidad de eliminar la desigualdad. Muchas personas se quejan de las escandalosas desigualdades que hay en el país y por ello consideran que es obligación del Gobierno redistribuir la riqueza quitándole por la vía de impuestos progresivos a los más ricos y trasladarlo a los más pobres mediante políticas sociales. Pero, ¿funciona esto? En realidad ¿será este el camino para mejorar el nivel de vida de todos los guatemaltecos?

Esta pregunta la expresó muy bien el profesor Rafael Termes hace algún tiempo en una ponencia que impartió en Monterrey (México), en mayo de1999, titulada El Liberalismo Económico: Camino para un mejor futuro. Las preguntas relevantes eran: “¿Es mejor un modelo que prima la libertad de iniciativa individual y fomenta la aparición de oportunidades arriesgadas para todos? o ¿es mejor un modelo que busca la seguridad igualitaria, la protección del presente y el futuro de todos, recortando, mediante la intervención del Estado, la libertad individual?”.

Paul Boteo, en su excelente artículo de opinión del pasado domingo 24, El mito de la desigualdad (www.elperiodico.com.gt), parecía responder a esta interrogante así “Seguir insistiendo que la desigualdad es el principal lastre de Guatemala, tan solo nos distrae del verdadero problema que es el estancamiento económico que el país ha experimentado por décadas. Si no logramos obtener altas tasas de crecimiento económico, jamás podremos solucionar el drama que vive la mayoría de guatemaltecos”.

Quienes responden que prefieren un estado que intervenga para supuestamente reducir la desigualdad a través de las políticas sociales de redistribución de riqueza tienen dos problemas. El primero es que un sistema así, un estado benefactor intervencionista, no reduce la desigualdad pero frena el crecimiento económico. Hoy en día, la gran mayoría de países de Europa están pagando caro sus políticas sociales porque sus excesivos costos superan en mucho los ingresos. Los costos están abultadísimos y durante mucho tiempo fueron financiados por deuda. Los ingresos están al máximo y la gente está pidiendo a gritos que no se incrementen más los impuestos porque están ahogando la iniciativa y creación de riqueza.

Por ello, el resultado final de esta crisis del Estado benefactor es una sociedad anquilosada, inmóvil, con desigualdades crecientes, con altas tasas de desempleo y sin crecimiento.

Quienes respondemos que preferimos un sistema de libertad en el que el Gobierno limitado se dedique única y exclusivamente a la seguridad y la justicia, donde el respeto a los derechos individuales de la vida, la libertad y la propiedad sean irrestrictos, donde la iniciativa individual esté libre de tomar los riesgos que quieran asumiendo la responsabilidad de sus propias acciones, donde los precios y el mercado funcionen con total libertad dentro de un verdadero Estado de derecho vemos una mejora del nivel de vida de los guatemaltecos a través de mayores tasas de crecimiento económico en un ambiente de mayor movilidad social.

En su libro El Optimista Racional, el profesor Ridley nos muestra con sobrada evidencia que “la vasta mayoría de las personas están mucho mejor alimentadas, abrigadas, entretenidas, protegidas contra enfermedades y más propensas a vivir llegando a una mayor edad que lo que pudieron lograr sus antepasados”.

Es más importante que los pobres puedan mejorar su nivel de vida a través de mayor crecimiento económico y libertad que seguir como estamos, llenos de paquetes tributarios cada cuatro años y con cada día más políticas sociales de redistribución de la riqueza que al final son empobrecedoras.

Fuente: Centro de Estudios Económico – Sociales (Guatemala)