En las calles, casas, oficinas, en los medios de transporte público y hasta en las incontables e interminables filas a las que están obligados los venezolanos para comprar u obtener casi cualquier cosa se siente un clima de crispación.

Ya no sólo el estado de crispación es por la inflación, la escasez, la inseguridad, la ausencia de un servicio de salud público cónsono con la calidad humana o el precario acceso a viviendas dignas, que ya era mucho aguantar. Ahora se trata de la ingente incertidumbre y el temor generado innecesariamente por la guerra económica desatada por Nicolás Maduro y por las amenazas de radicalizar la cubanización que trae consigo la Ley Habilitante.

Sin embargo, en los medios televisivos, la mayoría de las radioemisoras, o en la prensa escrita, salvo algunas honrosas excepciones, no se refleja fielmente la dramática realidad del deterioro de la calidad de vida y la paz ciudadana en Venezuela.

Las razones de esta disonancia entre la realidad y lo que reportan los medios de comunicación se encuentran en los tres lustros de un avance soterrado en algunas ocasiones, y no tanto en otras, de la hegemonía comunicacional e informativa construida no sólo con la creación de medios del Estado puestos al servicio exclusivo del gobierno, sino además a fuerza de legislaciones espurias, como la Ley Mordaza y la que determina las zonas de seguridad nacional; del ahorcamiento económico, vía presión a los anunciantes, multas milmillonarias, racionamiento de divisas y todo tipo de penalizaciones, que se ejecuta contra las televisoras, radioemisoras y periódicos de la nación.

A la par impulsó la generación de una amplia red de medios comunitarios también al servicio de la revolución. Hoy la información pública está de manera monolítica y de forma unidireccional promoviendo logros inexistentes del gobierno, maquillando los indicadores y criminalizando a diestra y siniestra al sector privado y a la oposición política.

También se encuentran razones de esa discrepancia entre la noticia y la realidad del país en la persecución de dueños de medios, analistas, y periodistas críticos al proyecto castrocomunista. Muchos de ellos obligados a marcharse del país, otros sacados de la palestra pública y otros presos, como Leocenis García y Víctor Manuel García.

De este arrase comunicacional no se ha salvado ni siquiera la prensa internacional, la cual ha sido objeto de ataques verbales de los gobiernos de Chávez y Maduro, incluso llegando hasta la detención reciente del jefe del Buró del periódico Miami Herald para los países andinos, Jim Wyss.

En la última marejada represiva, Maduro, con la creación del Cesppa, quiere imponer los temas sobre los que se pueda o no hablar en los medios de comunicación. Para muestra de este desatino está el que se haya prohibido hablar de la paridad cambiaria, tema ya delimitado por la Ley de Ilícitos Cambiarios; el bloqueo unas 100 páginas web y blogs; el que desde hace años no exista información oficial creíble sobre los índices de homicidios o que desde que se decretó la guerra económica, tras el fracaso del modelo cubano, se prohíba hablar de escasez y de inflación.

Para colmo Maduro ha llegado a llamar un boicot contra los “periódicos de la burguesía”, entre ellos El Universal y El Mundo, en donde la autocensura de sus nuevos dueños llevó al despido del director del medio, Omar Lugo. Lo que se suma al escarnio al que sometieron a un fotógrafo y dos periodistas del Diario 2001, detenidos al cubrir una cola de consumidores en una feria popular navideña en las cercanías de Fuerte Tiuna o contra El Tiempo por publicar las declaraciones de uno de los empresarios acusados de especulación.

En fin, en tiempos de turbulencia en Venezuela se impone la Ley del Silencio, tan usual en dictaduras.

Fuente: VenEconomia (Venezuela)