Como si se tratara de una controversia sobre la interpretación de un dogma de fe y una obra de misericordia, una sala disciplinaria coordinada por el procurador delegado Juan Carlos Novoa, que a su vez es presidente de la Asociación Colombiana de Abogados Católicos, puso sobre el escritorio del procurador Alejandro Ordóñez dos proyectos de fallo contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

El Procurador podrá acoger alguno de los dos proyectos o apartarse de ambos y decretar una absolución. Pero cualquiera sea su decisión, Ordóñez tendría que valorar razones de conveniencia antes de dar su veredicto. Pese a las diferencias ideológicas en torno al proceso de paz que avanza con las Farc, el alto gobierno le ha pedido al jefe del Ministerio Público considerar el impacto que un drástico castigo disciplinario contra el Alcalde podría tener sobre las deliberaciones de La Habana.

“La destitución de un cargo público de un hombre que un día dejó las armas para vincularse a la democracia, no es un simple asunto de dogmas o axiomas. Sería un mensaje gravísimo para guerrilleros que parecen dispuestos a dejar las armas para buscar en las urnas su acceso a cargos de representación política”, comentó una fuente cercana a la Casa de Nariño enterada de las gestiones ordenadas por el presidente Juan Manuel Santos.

El fallo incidiría también en el escenario electoral. En caso de que Petro sea destituido antes de terminar el año, la organización electoral estará obligada a convocar unas elecciones extras abiertas a cualquier candidato. Si el castigo es decretado a partir de enero de 2014, la baraja de candidatos quedaría reducida a una terna que sería elaborada por el Presidente de la República con base en nombres postulados por la naciente Alianza Verde Progresista de la que hace parte el mandatario capitalino. En uno u otro caso la nómina de aspirantes variaría (ver recuadro El ajedrez electoral).

El propio Petro sabe de los efectos políticos que tendrá el fallo y por eso ha querido potenciarlos desde ahora con su demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque para expertos juristas ese no es el órgano competente para juzgar los actos administrativos que hoy lo tienen bajo el escrutinio del Ministerio Público.

El fallo, cualquiera que sea su sentido, no resolverá las dudas de fondo que se ciernen sobre las actuaciones del Alcalde. Dinero obtuvo nuevas evidencias según las cuales decisiones recientes de la administración distrital en el ámbito del manejo de la Empresa de Acueducto pueden estar contaminadas por fenómenos tales como el tráfico de influencias, el nepotismo y por una llana improvisación que, para muchos, obedece a las obsesiones y caprichos del Alcalde.

El círculo del nepotismo
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado ha sido una de las entidades más golpeadas por el tráfico de influencias y el nepotismo. Ambos espectros se colaron por una fisura abierta la Navidad del año pasado por el secretario general de la entidad, William Morales Rojas, un controvertido funcionario que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito (ver recuadro La fortuna del secretario).

Durante una ‘paloma’ como gerente general encargado, Morales dictó la resolución número 0822 del 24 de diciembre de 2012 mediante la cual facultó a la Gerencia Corporativa de Gestión Humana para crear una nómina de trabajadores oficiales, con contratos a término fijo de doce meses. Según él, los refuerzos laborales eran requeridos para facilitar la transición ordenada por el alcalde Petro del modelo privado al público.

Esa transición se iniciaría a partir de la caducidad de los contratos de gestión comercial que venían siendo operados por las firmas Aguazul, Proactiva y Aguas Kapital. Con una planta cercana a los 1.100 operarios, las tres empresas se encargaban de hacer todo el proceso de cobro del servicio de acueducto, desde la lectura de los contadores hasta la facturación. Sin embargo, el Alcalde decidió quitarles el “privilegio” a los privados y que el Acueducto asumiera directamente esas tareas.

La transición fue denominada internamente como “la retoma”. Como estaba concebido, el nuevo modelo implicaría el enganche de unos 500 operarios adicionales a los ya existentes. Por eso la Resolución 0822 creó un régimen especial para la contratación del personal y dispuso, en teoría, que la planta transitoria privilegiara las competencias técnicas y la experiencia de los aspirantes. Pero todo ocurrió menos eso. Hay casos probados de chefs de cocina, fontaneros y enfermeras en cargos que, en sana lógica, deberían estar reservados a personas con conocimientos especializados en actividades operativas, comerciales y de gestión social de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

Morales, el secretario General, se reservó para sí cerca de 80 cargos y recomendó por escrito a todos sus favoritos. Lo hizo a través del memorando interno 11100-2012-440 del 19 de diciembre de 2012 dirigido al gerente corporativo de gestión humana y administrativa, Eduardo Carlos Gutiérrez. Lo curioso es que las recomendaciones, entre las que se incluían cuotas de concejales, se produjeron antes de que fuera expedida la resolución que dio inicio a la retoma.

Otros funcionarios de la entidad sacaron provecho de la situación. El nombramiento de la chef Katherine Romero como auxiliar administrativa se cocinó por recomendación de Rocío Angulo, actual asesora de la gerencia de servicio al cliente. “No tenemos nada contra ella, pero es evidente que su formación no guarda relación alguna con la misión que se le asigna”, comentó un funcionario de alto nivel de la entidad.

El sindicato también ha participado del menú de los nombramientos. Luis Orlando Quiroga, fiscal de la organización, consiguió cargos para veinte de sus amigos y familiares. Por ejemplo, su hermano José Alberto Quiroga fue ubicado como fontanero nivel 42 de la zona 6, sin cumplir el requisito señalado previamente de haber hecho parte del equipo de gestores fiscales.

El tesorero José Arquímedes Castañeda Ospina logró ubicar, entre más de veinte cuotas personales dentro de la planta transitoria de 1.236 trabajadores designados para la retoma, a Marcel Salamanca, un exmensajero que había sido despedido por su ineptitud para el oficio. Salamanca es ahora técnico nivel 42.

El vicepresidente Juan Jairo Villamizar Mendoza no solo ubicó a un sobrino suyo en la nómina de profesionales, sino que hace parte del Comité de Desarrollo Humano Empresarial que teje los hilos de la nómina burocrática.

Paradójicamente, este manejo clientelista corresponde al modelo que Petro combatía como Senador de la República y como candidato a la Alcaldía. Un discurso que poco o nada parece coincidir con las actuaciones que ha tenido en calidad de mandatario de la capital. Pero además, Dinero obtuvo documentos en los que el mismo Petro admite, con evidente angustia, los errores cometidos durante la puesta en marcha del sistema de recolección de basuras, el mismo que hoy tiene su cargo pendiendo de un hilo.

“Confieso que he pecado…”
El jueves 17 de octubre, Petro reservó ocho horas de su agenda para examinar, a puerta cerrada, un tema crítico: los cambios estratégicos que buscan concebir un nuevo modelo empresarial para que la EAAB se convierta en una suerte de holding (ver recuadro ¿Una holding viable?).

Aquel día, en Patio Bonito, un enclave del sur de la ciudad donde funcionaba provisionalmente el despacho del Alcalde, fueron convocados a la sesión secreta personas de su entraña. Además de su asesor Augusto Rodríguez, que lo ha acompañado desde su época de congresista, acudieron la secretaria general, Susana Muhamad; el gerente del Acueducto, Alberto Merlano; el gerente de planeamiento de la misma empresa, Francisco Canal, y Gemma Bordamalo, jefe de asesoría legal, entre otras diez personas.

La deliberación fue franca y sin censuras, como pocas veces antes. Su primer punto fue el análisis del esquema de aseo. Lo abrió el propio Petro con un mea culpa. “La rentabilidad –dijo– es excesivamente baja. No nos da la radiografía contable de Aguas de Bogotá y no queda claro cuál es su situación”.

Esta confesión, sin embargo, fue tan solo el preludio para abordar un tema que ha sido su caballito de batalla: la reducción de las tarifas de aseo. “Hemos producido –admitió– una rebaja muy superior a la que deberíamos haber hecho. No hubo suficiente separación en la fuente. Se pauperizó a los recicladores. No se pusieron las bodegas. No se inició el pesaje oportunamente. La operación de reciclaje es veinte veces menos de lo que nos habíamos propuesto. Por tanto, hay una caída más allá de lo propuesto en las tarifas a los usuarios”.

Su desconsoladora conclusión fue el producto de un ejercicio que consistió en comparar la facturación de 2012 con la de 2013. Ese contraste reveló una tendencia a la caída en los recaudos que en octubre llegaba ya a los $60.000 millones.

“No estamos haciendo la operación basura cero”, recalcó el alcalde luego de ignorar una pregunta de su secretaria General, Susana Muhamad, que buscaba verificar la exactitud de las cifras de facturación y recaudo y confirmar si coincidían con las de la Uaesp.

Sin aceptar interpelaciones, Petro desnudó otra falla grave. Según él, si la operación hubiese sido aprovechada como estaba planeada, el Distrito no tendría por qué estar ante un predicamento que el burgomaestre describió así: “Si nos montamos en un modelo de aprovechamiento real, los contratos de suma fija no nos sirven, porque estaríamos pagando más por menos toneladas. Para el próximo año esto será un problema”.

Un trino de su tuiter enviado el pasado 30 de octubre –13 días después de la cumbre de Patio Bonito– pone en evidencia que el Alcalde estaría ocultando algo a los bogotanos sobre la reducción en las tarifas: “Aunque contraríe deseos de algunos intereses particulares, la flota pública del aseso está bien, la operación da utilidades y bajó la tarifa”, escribió Petro en la red.

¿Por qué el trino desnuda una aparente mentira? Porque en Patio Bonito, en la reunión, había planteado lo contrario y admitido que la rebaja ha sido inconveniente y artificial. Una ayuda de memoria de la reunión, conocida por Dinero, recoge así sus palabras: “La llamada bolsa Uaesp hoy tiene un excedente. En teoría habría que devolver $550.000 millones. De esa bolsa quedan $67.000 millones con rendimientos financieros. De acuerdo con la Contraloría General, esos son dineros de los usuarios, no son de la Uaesp ni de los operadores, hay que devolverlos. Se devuelven vía facturación mensualmente. Por ejemplo: $30.000 millones en 2014 y el resto en 2015”.

Esto quiere decir que los dineros que soportarán la reducción tarifaria, pregonada por el Alcalde, no serán resultado de las utilidades del programa Basura Cero, sino de la mencionada bolsa Uaesp, canasta que estaba destinada para otros fines.

Así pues, el nepotismo, las fallas del esquema de aseo y la, según expertos, antitécnica reducción de las tarifas reveladas por Dinero, ponen en evidencia que el expediente con base en el cual la Procuraduría proyecta destituir o suspender al Alcalde parece quedar corto. De incluir este torbellino de anomalías, hasta hoy desconocidas, la suerte del Alcalde sería mucho más crítica de lo que ya es.

El ajedrez electoral
En caso de que Petro sea destituido, la fecha de la sanción jugará un papel determinante en el panorama político. Si ocurre antes de terminar 2013, la organización electoral se vería obligada a convocar comicios extraordinarios en los que podrían participar aspirantes con cualquier filiación política.

De ocurrir en 2014, el período de Petro sería completado por algunos de sus alfiles vinculados hoy al movimiento Alianza Verde Progresista. Quienes conocen de cerca al Procurador advierten que este segundo escenario es el que Ordóñez querría evitar debido a su distanciamiento ideológico con los lineamientos de izquierda profesados por las huestes del Alcalde.

En caso de que Petro apenas fuera suspendido, su vacancia temporal sería suplida también por un Progresista.

**

¿Una holding viable?

El fracaso en la aplicación del nuevo esquema de aseo, la artificiosa reducción tarifaria y el nepotismo son los factores que conspiran contra la idea de Petro de estructurar una holding empresarial encabezada por la Empresa de Acueducto.

Sus filiales, actualmente en estudio, serían Aguas Bogotá y el Instituto de Gestión de Riesgo y Cambio Climático. Esta última entidad se encargaría del mantenimiento hidráulico en suelo urbano, rural y de expansión del sistema de drenaje pluvial sostenible.

Su creación, a primera vista, suena de maravilla. Los expertos, sin embargo, advierten desde ahora que, al ponerlo en funcionamiento, la Empresa de Acueducto, que por años ha cumplido esa misión, dejaría de percibir al menos $200.000 millones anuales.

La creación de la holding debe superar todavía dos filtros difíciles. Primero, el Concejo de Bogotá y luego el Congreso de la República.

La fortuna del secretario
William Morales, secretario general del Acueducto y hombre que maneja la nómina de la entidad, afronta hace cuatro meses procesos penales y disciplinarios por posible enriquecimiento ilícito. Según los denunciantes, ocho de los bienes que hacen parte de su fortuna personal no se compadecen con su nivel de ingresos.

Uno de ellos es una finca situada en la vereda Buenos Aires, del municipio cundinamarqués de La Calera. Se trata de un bien contiguo a otro que posee allí mismo su mentor, el cuestionado exgerente de la empresa, Diego Bravo.

Fuente: Dinero (Colombia)