En un informe elaborado por varias ONGs quedaron registrados los delitos que sufren las mujeres en manos del terrorismo.

Mujeres que vieron cómo reclutaron a sus hijos y murieron con el uniforme de un grupo ilegal; víctimas de la violencia política; campesinas a las que guerrilleros y paramilitares convirtieron en objetos sexuales, y cientos más que debieron salir corriendo de sus pueblos.

Con todas ellas, más de mil, habló la Comisión de Verdad y Memoria de Mujeres Colombianas, iniciativa del colectivo Ruta Pacífica de las Mujeres, para construir ‘La verdad de las mujeres’, un gran informe que varias ONG del país –con el apoyo de Oxfam y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo– realizaron para retratar los delitos que sufren las mujeres dentro del marco del conflicto armado.

El trabajo de entrevistar a todas estas mujeres, a las que se llegó por intermedio de movimientos de víctimas, se inició en el 2010. Tres años después, la Comisión publica un documento con cifras impactantes.

Por ejemplo, el 82,6 por ciento de las mujeres consultadas dijo haber sido víctima de alguna forma de tortura o trato cruel, inhumano o degradante.

“Más de la mitad de las mujeres sufrieron diferentes formas de tortura y maltrato psicológico (54,4 por ciento), tales como amenazas de muerte, seguimientos o ser obligadas a presenciar torturas de otras personas (…). La mitad de las mujeres entrevistadas sufrieron amenazas (49,46 por ciento)”, cita el informe, presentado ayer en Bogotá.

El documento es un “aporte a la verdad” de varios hechos, entre los que se citan los desplazamientos forzados por la masacre del Naya (norte del Cauca), las mujeres afrodescendientes desplazadas de Baudó (Chocó), las víctimas de las más de 100 tomas guerrilleras en el corregimiento de Puerto Colón (Putumayo), y a las madres y hermanas de los ‘falsos positivos’ de Soacha (Cundinamarca).

Y, más allá de contar los dramas del conflicto y buscar una reparación, ‘La verdad de las mujeres’ se propone buscar que en los casos documentados la justicia pueda llegar hasta los determinadores, para que así las víctimas pueden hacer un “verdadero proceso de reconciliación”.

Fuente: El Tiempo (Colombia)