El exviceministro de Coca y Desarrollo Integral Dionisio Núñez afirmó en su declaración ante la Fiscalía que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (cuya titular es Nemesia Achacollo) conocía de los cobros adicionales en la renovación de licencias de comercialización de coca al detalle y las denuncias de desvío de la hoja incautada.

Página Siete accedió al documento. En él, la exautoridad asegura que envió a ese ministerio la resolución administrativa que sube el precio de la renovación de las licencias para esta gestión, de 600 a 1.200 bolivianos. Cuando el fiscal Róger Velásquez le pregunta a Núñez si la normativa tenía base legal para ser dictada, el exviceministro responde: “Yo no soy abogado, allí está la recomendación de Digcoin. Estos equipos jurídicos debían decir si estaba bien o mal esta resolución, pasó por varios equipos jurídicos y por el propio ministerio, nadie observó”. Asimismo, el fiscal le pide que explique si es que las denuncias que recibió en contra del exdirector general de Coca e Industrialización (Digcoin) Luis Cutipa, por presunto desvío de coca “hacia fines ilícitos”, las derivó a su autoridad superior. Núñez responde que las denuncias sí fueron remitidas. “Se han derivado al enlace jurídico y (esa instancia) a la vez se derivó al ministerio”, señala una parte de la declaración. La Fiscalía inició una investigación en abril de este año luego de recibir una denuncia formal de la ministra Achacollo, de quien dependía Cutipa.

La pesquisa giraba en torno a los presuntos cobros irregulares cuya recaudación alcanza los 3,6 millones de bolivianos. En octubre, Velásquez  incluyó al proceso la acusación sobre el desvío de 45.000 toneladas de coca incautada en el periodo 2006- 2012.  Por su parte, Andrés Zúñiga, el abogado del exviceministro de la Coca,  aseveró que en la lógica de la Fiscalía de investigar por la vía penal estos casos, la ministra Achacollo debía ser procesada. “Ella debería estar imputada porque durante todo el tiempo, los que pasaron por ese cargo  habrían cometido el delito de resoluciones contrarias a la ley o complicidad. Entonces estaríamos al frente de una ministra cómplice de estos hechos por conocer las resoluciones. Si la ministra no tiene la capacidad de resolver un problema interno, que no tenga la capacidad de activar un proceso  innecesario y débil que derivó en la detención de Cutipa”, manifestó el jurista.  El diputado  Quintín Quispe, del Movimiento Al Socialismo (MAS), señaló ayer que todas las resoluciones emitidas tanto por Núñez como por Cutipa tuvieron que ser conocidas por la ministra Achacollo.

“Si esto pasó hace meses, tuvo que haber conocido (la ministra). Esto también pasó con otros viceministros en anteriores fechas. Espero que el Ministerio Público actúe para que se investigue a las anteriores autoridades también”, agregó.

Pedirán que Cutipa sea liberado
Andrés Zúñiga, el abogado del exdirector general de Coca e Industrialización (Digcoin) Luis Cutipa, anunció que pedirá en las próximas horas la cesación de la detención de su defendido.  “La defensa va a cambiar de estrategia. Ya no se presentará la apelación del fallo que dicta detención preventiva, sino se emitirá la acción de cesación de la detención del señor Cutipa”, dijo Zúñiga. Hace un mes que la exautoridad está recluida en el penal de Patacamaya, luego de que un juez determinara su detención preventiva por estar implicado en cobros irregulares para la renovación de licencias de comercialización de coca al detalle desde 2006 y por el desvío de coca incautada. El jurista aseveró ayer que su cliente está detenido “injustamente” por un caso que no amerita una investigación penal sino una administrativa. El Ministerio Público lo investiga por los delitos de beneficios en razón del cargo, uso indebido de influencias, concusión, incumplimiento de deberes y  resoluciones contrarias a la Constitución  y las leyes.

Cutipa y Núñez solicitan un proceso administrativo

La defensa de Luis Cutipa, exdirector general de Coca e Industrialización (Digcoin),  y de Dionisio Núñez,  exviceministro de la Coca y Desarrollo Integral, presentará una acción extrapenal para que la investigación actual en contra de esas personas se realice  por la vía administrativa y no por  la penal. “Llegamos a esa petición para hacer conocer que todo lo que estaba comprendido en la imputación (de las exautoridades) no corresponde a  materia penal”, manifestó el abogado de ambos procesados, Andrés Zúñiga. Al respecto, el fiscal del caso, Róger Velásquez, dijo que el juez Fernando Rivadeneira es el que tiene que analizar esa acción. “Es una acción que planteó el abogado. En todo caso son bemoles de ejercer el legítimo derecho a la defensa. Vamos a analizar una vez que el juez nos notifique con esa excepción y emitiremos una respuesta”, manifestó. Zúñiga basa la acción que presentará en que el Ministerio Público no supo argumentar los delitos penales contra sus clientes durante ambas audiencias de medidas cautelares. “No se presentó ninguna evidencia que argumente que el señor Núñez haya cometido un delito y tampoco en el caso de Cutipa. Es por eso que si hubo alguna falla, tendrá que ser a través de un proceso administrativo que se investigue”, afirmó.

Fuente: Página Siete (Bolivia)