El libanés George Chafic, detenido en Chonchocoro por tráfico de 400 kilos de cocaína, tenía ciudadanía boliviana desde el año 2005 y obtuvo su cédula de identidad el 2007, cuando el servicio de identificaciones era administrado por la Policía, informó ayer el director del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), Antonio Costas.

Sobre las otras  cédulas halladas en poder del libanés, con el nombre de René Cabas Pinto, persona que presuntamente falleció,  Costas informó que el SEGIP renovó dicho documento  que inicialmente fue otorgado por Identificación de la Policía.
Costas realizó esa aclaración después de  las declaraciones del el comandante de la Policía, Alberto Aracena, quien informó que el SEGIP otorgó las cédulas al ciudadano boliviano-libanés.

“(El libanés) estuvo utilizando una cédula de identidad de una persona fallecida en Bolivia, y esa cédula de identidad sensiblemente ha sido emitida por el SEGIP”, dijo Aracena al observar el trabajo del SEGIP y pedir que la base de datos vuelva a ser administrada por la Policía.
En respuesta, Costas en conferencia de prensa informó que Chafic al contraer matrimonio con Gilka Mariana Durán Ovando obtuvo la nacionalidad boliviana, según establecían las normas de migración de entonces.
Además, aclaró que la cédula de identidad fue otorgada al libanés-boliviano en 2007 por la Dirección de Identificación Personal, que estaba siendo administrada por la Policía Boliviana, y recién el 2010 el documento fue renovado por el SEGIP.

De acuerdo a la documentación presentada por Costas, el libanés es boliviano naturalizado por matrimonio con la resolución de la Dirección Nacional de Migración 658 del 2005. “Obtiene un certificado de nacimiento una vez que tiene la naturalización y luego se produce un registro consular”, explicó.
Estas revelaciones surgen después de que dos parlamentarios del MAS, Samuel Pamuri y Donato Callisaya, admitieron que conocieron a este ciudadano como militante del MAS, pues tendría un carnet de militante de ese partido emitido el año 2005 y otro renovado en 2012.
La normativa nacional sobre Migración establecía entonces que para adquirir la nacionalidad boliviana era necesario haber vivido en territorio boliviano cinco años. Chafic tendría que haber llegado el año 2000.

Según el diputado Pamuri, éste con un carnet de militante del MAS se acercó a la brigada parlamentaria de La Paz buscando “trabajo”, así se habría vinculado con el partido oficialista.

Pide investigar  al   Poder Ejecutivo

La expresidenta de la Cámara de Diputados  Rebeca Delgado (MAS) pidió investigar los casos de narcotráfico en el Órgano Ejecutivo antes que en la Asamblea Legislativa, tras la sospecha de que dos diputados del MAS habrían entregado permisos de circulación en favor del ciudadano libanés George Chafic.
“En narcotráfico creo que el Gobierno tiene mucho más que investigar y no es por aquí, es por ahí, es por el Palacio que tiene que investigar. Si quieren investigar realmente el narcotráfico, hay que empezar por las instancias del Órgano Ejecutivo y de la Policía”, demandó Delgado.
El pedido fue formulado ante los hechos de narcotráfico y corrupción en el que se vieron involucrados dos altos oficiales de la institución policial, como es el caso del general retirado René Sanabria y el mayor Fabricio Ormachea, respectivamente, ambos detenidos en Estados Unidos.

El MAS anuncia con pedir un informe a Fiscalía por caso libanés

Para saber quiénes más podrían estar vinculados con el ciudadano extranjero George Chafic, acusado por tráfico de sustancias controladas, por un valor de un millón y medio de dólares, el MAS  anunció que pedirá un informe a la Fiscalía.
Asambleístas del partido gobernante aseguraron que aún queda pendiente conocer las relaciones del libanés con otros miembros del MAS, toda vez que Chafic tenía en su poder credenciales de la Dirección Nacional de los años 2005 a 2012.
La vicepresidenta del MAS, Concepción Ortiz, pidió el alejamiento de los diputados Samuel Pamuri y Donato Callisaya,  quienes otorgaron pases de circulación vehicular a George Chafic.
Esa propuesta fue apoyada por la diputada disidente del MAS Rebeca Delgado, aunque ella aclaró que “diría que todos los que tienen  procesos judiciales pidan licencia, eso significa los diputados Flora Aguilar y Galo Bonifaz, para que asuman su defensa” tal como solicitó la dirigencia del MAS en el caso relacionado a Pamuri y Callisaya.
Sin embargo, los diputados Pamuri y Callisaya, por separado, manifestaron que no pedirán permiso ni dejarán su cargo como solicitó la jefatura del MAS.
No obstante, aclararon que se someterán a toda investigación judicial o convocatoria del Ministerio Público.
“Yo no tengo ninguna culpa, así lo declare ante la fiscal (Mirtha) Tórrez por más de tres horas. Si tuviera alguna relación con el señor Chafic, hasta por ética pediría mi renuncia”, dijo Pamuri.
Callisaya aseveró que no pedirá permiso de la Cámara de Diputados porque el pase  de circulación que le dio fue de buena fe.

Detienen a un presunto “asesor” del Presidente

En puertas del Tribunal Departamental de Justicia fue detenido en flagrancia el ciudadano Pedro Pérez Montaño, cuando éste ofrecía “ayuda” al argumentar que tenía contacto directo con autoridades del Poder Ejecutivo y las autoridades judiciales porque era asesor del presidente Evo Morales.
Pérez habría intentado extorsionar al exjuez Ricardo Maldonado por 5.000 dólares aduciendo que tenía relación con Vilma Mamani, miembro del Consejo de la Magistratura.
“Me sorprende que conozca detalles del proceso disciplinario que existe en mi contra por parte del Consejo de la Magistratura, yo estoy a la espera de la resolución, él me informó que viajaría a Sucre y que podría ayudarme si le entregaba 5.000 dólares”, informó el  afectado.
El fiscal Humberto Quispe informó que Pérez fue imputado por los delitos de cohecho activo, extorsión y coacción.
Quispe informó que se investigará los posibles nexos, toda vez que no habría actuado solo. “Se solicitará la detención preventiva de este sujeto por existir indicios suficientes sobre los delitos que se le imputa”, manifestó.
El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinó destituir a Maldonado, sobre quien existe una denuncia por faltas disciplinarias graves y gravísimas al haber presuntamente asumido acciones que no le competían en el caso Unipol.

Fuente: Página Siete (Bolivia)