Hemos decidido encabezar este escrito con el texto y los trazos de una mordaz y reveladora caricatura publicada el día de ayer por el periódico El Nuevo Siglo. No se equivoca seguramente el agudo dibujante en plasmar el trasfondo de la posición presidencial sobre el fallo de La Haya. Pero queremos agregar unas consideraciones adicionales.

DEBATE ha sido uno de los pocos medios que ha discrepado de la estrategia planteada por el presidente Juan Manuel Santos frente al fallo de la CIJ de La Haya que pretende despojarnos de 75.000 kilómetros de territorio en el mar Caribe. No compartimos ni la euforia nacional ni el respaldo que algunos, seguramente de buena fe, le han otorgado a una política que creemos engañosa y peligrosa para la soberanía nacional.

Nuestro inconformismo parte de una razón básica: la decisión del gobierno de declarar que el fallo es inaplicable mientras no se negocie un tratado con Nicaragua y ese tratado se refrende por el Congreso. Que significa que no se desacata, sino que se establece un procedimiento para hacerlo aplicable, pero sobre la base de desconocer el tratado anterior que fijaba el meridiano 82 como límite. Eso fue evidente en la intervención de Santos hace tres días.

Persistimos en esa posición, con mayores razones a medida que pasa el tiempo. Las declaraciones de la Canciller Maria Ángela Holguín al día siguiente de la intervención presidencial nos ratificaron que el gobierno se dispone a negociar con Managua un nuevo tratado de límites, que deseche lo dispuesto por el Esguerra-Bárcenas de 1928, a tono con la propuesta de Daniel Ortega en el mismo sentido. De ninguna manera, dijo Holguín, las expresiones presidenciales significaron que Colombia desacata el fallo.

Omitimos hoy las demás consideraciones que hemos tenido en cuenta en el análisis: la conexión evidente de la posición del gobierno con el proceso de “paz” que se adelanta en Cuba; el interés presidencial de ofrecer una imagen digna que levante de nuevo su popularidad y aliente el decaído propósito de la reelección; y el intento de bloquear uno de los flancos débiles de su acción gubernamental, tratando de neutralizar la posición enhiesta de la oposición uribista. Nos concentraremos en el eje de la propuesta presidencial.

Una entrevista concedida ayer al periódico El Tiempo por Carlos Gustavo Arrieta, uno de los expertos que asesoró al gobierno en el diseño de su estrategia, avanza un paso más, el siguiente en el orden lógico, de los dados por el presidente y la canciller. Lo que insinuaron pero no dijeron abiertamente Santos ni Holguín, Arrieta lo confiesa sin reato. Efectivamente, confirma, la línea del gobierno es abandonar el meridiano 82 como límite, y negociar un tratado en el que será inevitable “hacer concesiones”.

Para distraer nuestra atención Arrieta sugiere que las concesiones deberán ser mutuas. Pero si Colombia renuncia a la estipulación del Tratado de 1928, es decir el meridiano 82, ¿no estaría obligada a aceptar el nuevo límite fijado por la CIJ en noviembre del año pasado? En esas circunstancias, ¿por qué habría de ceder Nicaragua, si estaríamos aceptando la vigencia del fallo de La Haya que les otorga 75.000 nuevos kilómetros cuadrados de dominio territorial?

A fin de que nuestros lectores efectúen una mejor evaluación de este tema reproducimos adelante la entrevista a Carlos Gustavo Arrieta. De antemano efectuamos una síntesis ordenada de sus tesis básicas, que se podrán corroborar pues las tomamos casi textuales. De una claridad meridiana, son también de una gravedad espantosa:

a) Gobierno no desconoce el fallo y no ha dicho que no lo acata y que no lo va a acatar

b) De acuerdo con el artículo 101 de la Constitución cualquier modificación de límites solo puede hacerse por tratado aprobado por el Congreso. Es por eso, y no por otras razones, que el tratado es inaplicable ahora: porque no se ha surtido ese trámite.

c) En consecuencia debe negociarse un tratado con Nicaragua, para el cual Colombia (lo mismo que su vecino) tiene que hacer concesiones, porque el país tiene que ser “comprensivo” y perder mar.

d) Daniel Ortega había dicho que estaba abierto al diálogo y Santos le ha respondido que quiere un tratado, que “en el fondo es lo mismo”.

e) En el nuevo tratado Colombia debe olvidarse del meridiano 82 como límite, pues la Corte de La Haya ya falló descartándolo. Hay que prepararse para un tratado con nuevos límites.

Esta es la entrevista al abogado Arrieta:

‘Nicaragua y Colombia tienen que hacer concesiones’: Arrieta

Abogado, uno de los juristas artífices de la estrategia del Gobierno, explicó detalles de decisión.

El abogado Carlos Gustavo Arrieta, uno de los juristas artífices de la estrategia del Gobierno para defender a San Andrés, le explicó a EL TIEMPO detalles de la decisión.

¿Es cierto que la medida es más dilatoria que jurídica?

El Gobierno no ha desconocido el fallo de La Haya. En ningún momento Colombia ha dicho que no lo acata y que no lo va acatar. Lo que ha dicho es que, de conformidad con el artículo 101 de la Constitución, es claro que cualquier modificación de los límites solo puede hacerse a través de un tratado que sea aprobado por el Congreso. Por lo tanto, no es un mecanismo para dilatar, sino absolutamente lógico y coherente desde el punto de vista constitucional. Y es una obligación del Gobierno colombiano porque la Constitución así lo manda, entonces no se puede entender como un mecanismo dilatorio, no se trata de chutar el problema para el futuro, se trata de encontrarle la salida que ofrece nuestra Constitución que es a la única que puede en estos casos acudir el Presidente de la República.

¿Negociar un tratado con Nicaragua implicaría perder mar en el Caribe?

El país debe ser compresivo, porque la consecuencia de este proceso es que Nicaragua y Colombia tienen que hacer concesiones; de lo contrario, no puede haber un tratado. El presidente Daniel Ortega manifestó hace algunos días que estaba abierto al diálogo, la respuesta del presidente Santos es que quiere un tratado que, en el fondo, es lo mismo. Obviamente cualquier tratado parte necesariamente de la premisa de que los dos Estados ceden porque buscan una solución que les convenga a ambos. Entonces es de suponer que si queremos salir adelante de este conflicto, si lo queremos hacer de manera armónica, lógica, como lo ordena la necesidad de convivencia en el Caribe, debemos encontrar una salida. Obviamente a Colombia le va a tocar ceder algo, a Nicaragua también, y obviamente el país tiene que entender eso.

¿Colombia tiene que olvidarse del meridiano 82 como el límite con Nicaragua?

Yo creo que sí. Pero es que la Corte de La Haya dijo en el 2007 que el meridiano 82 no es un límite. Los colombianos nos tenemos que preparar para que los límites de Colombia se establezcan mediante ese tratado.

¿No se recurrió a un recurso ante La Haya porque eso implicaría reconocer el fallo en su integridad?

Lo primero es que no se ha decidido no recurrir ante La Haya, el Presidente fue muy claro en que nos reservábamos los derechos a hacerlo, lo que pasa es que no creemos que sea el momento oportuno. Y obviamente dependiendo del recurso y cómo se plantee podría implicar lo que usted dice, que es un reconocimiento expreso al fallo, no necesariamente tiene que ser así, pero tampoco tenemos que partir de la premisa de que un recurso necesariamente le conviene a Colombia porque los recursos de interpretación lo que buscan es interpretar el fallo, y realmente a nosotros no nos interesa tanto el fallo, lo que nosotros queremos es buscar una solución concertada. Entonces no se han descartado los recursos.

¿Esta es una estrategia más política que jurídica?

Esta era la única salida, y en estos momentos es completamente necesario combinar elementos políticos y elementos jurídicos. No se puede hacer la distinción entre uno y otro, son diferentes, y el mundo, los dos países, la región no pueden hacer esa separación. Es una salida que es a la vez jurídica con un enfoque político, pero fundamentalmente es una salida que está fundamentada en nuestra propia Constitución que obliga a emprender un camino político, que es la negociación, pero que es una salida con un fundamento jurídico absolutamente sólido, que tiene obviamente unas implicaciones políticas.

Fuente: Debate (Colombia)