Quizá haya que cambiar el uso de suelo del centro de la ciudad de México, especialmente del paseo de la Reforma y la avenida de los Insurgentes. Deben dejar de ser ya vías de comunicación y convertirse en manifestódromos.

Hacerlo, después de todo, no implica más que reconocer una realidad que ya existe desde hace tiempo. La decisión, por lo menos, daría alguna certeza jurídica a la situación que actualmente vive (o sufre) la ciudad de México.

Las pérdidas económicas por los bloqueos de la CNTE sin duda superan ya los mil millones de pesos. Se cuentan entre ellas las de comercios y restaurantes de la zona de Reforma y del centro histórico, las de personas que han perdido su empleos o ventas, las de individuos que han perdido vuelos o aerolíneas que han tenido que volar sin pasajeros.

Y todo ello por un movimiento de derecha que lo único que busca es mantener una inaceptable propiedad privada de las plazas de la educación pública.

El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, ha hecho una petición a los gobiernos federal y capitalino para que asuman sus responsabilidades e impidan que los activistas de la CNTE sigan agrediendo a los ciudadanos. Pero nadie en la cúpula política tiene la sensibilidad siquiera de conmiserarse de los habitantes de la ciudad de México. El presidente de la república estaba de viaje en Rusia, el secretario de gobernación no aparecía por ningún lado y el jefe de gobierno declaraba que estaba dispuesto a asumir el costo político pero que por ningún motivo utilizaría la fuerza pública para molestar a los manifestantes.

Los altos funcionarios públicos tienen, todos, oficinas alternas. Utilizan helicópteros para movilizarse. No tienen que cerrar una venta ni checar entrada en un trabajo. Son expertos en seguir presentándose en actos públicos como si todo funcionara normalmente. Son especialistas también en lavarse las manos de los problemas de la sociedad.

Si alguna vez hubo una brecha entre políticos, funcionarios públicos y ciudadanos hoy ésta adquiere dimensiones colosales. A los políticos, entre quienes destacan los líderes de la CNTE, que han utilizado la política para beneficiarse a costa de los estudiantes de Oaxaca y de otras regiones pobres del país, trabajar es una palabra innecesaria y recibir dinero del erario es lo único que les importa. Para los ciudadanos la angustia de llevar el sustento a la casa se vuelve cada vez más difícil ante un gobierno que falla en su responsabilidad fundamental, que es proteger a los ciudadanos ante agresiones de terceros.

Con razón empiezan a surgir en el país grupos de defensa comunitaria. No habrá que sorprenderse si la próxima policía comunitaria surge en el Distrito Federal. Cuando falla un gobierno, el ciudadano no tiene más opción que defenderse como pueda y hasta donde le alcancen las fuerzas.

Fuente: Asuntos Capitales (México)