La obligación de cambiar de chaleco a los motoristas, además de ser un abuso, se perfila como uno más de los negocios que alguien realiza a la sombra del poder. ¿De qué otra manera podemos creer que en un mes se iba a cubrir toda la demanda artificial creada por el Ministerio de Gobernación? La pregunta del millón es: ¿de quién es el negoción? Veamos. Según las cifras de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a julio de este año estaban registradas en el país 820,641 motocicletas.

Si calculamos que la mitad de los motociclistas necesitarán dos chalecos porque van a llevar pasajero en la moto —en algún momento dado—, estamos hablando de una demanda estimada de 1,230,000 chalecos que deberán ser comprados en un plazo de 30 días.

Según hemos podido averiguar, en la calle se están vendiendo chalecos anaranjados desde Q25 hasta Q95 por cada uno, sin incluir la impresión del número de placa, lo que nos da un promedio de Q60 por pieza. Si multiplicamos ese precio por la cantidad requerida, habría una venta estimada de Q73.8 millones. Nada mal para un mes de trabajo.

La pregunta importante aquí es ¿cómo aparecieron por arte de magia los chalecos en el mercado guatemalteco? Es factible creer que algunas empresas ya traían chalecos anaranjados para cubrir la demanda de seguridad industrial para la que están diseñados, pero difícilmente esta demanda sería mayor de unos cuantos miles de chalecos mensuales. De repente, y supuestamente sin ningún aviso previo, los burócratas del Ministerio de Gobernación establecieron el requisito de los chalecos con el agravante adicional de imponer un plazo de apenas 30 días para cumplir con él. Es decir, esperaban que en apenas un mes aparecieran en el mercado más de 1.2 millones de chalecos.

¿Será factible creer que los genios de Gobernación ni siquiera consideraron la imposibilidad de proveer de repente semejante cantidad de chalecos, o más bien debemos creer que este es un negocio preparado para favorecer a algún funcionario o sus amigos?

Yo simplemente no puedo darles el beneficio de la duda. No creo que los funcionarios sean tan ineptos como para no considerar que es imposible proveer en tan poco tiempo más de un millón de chalecos. Piénselo por un momento. Digamos que los compran en China y encuentran una fábrica que tiene en stock el millón de chalecos que cumplen al centavo con los requisitos establecidos en el decreto. ¿Cuánto tiempo se tardarían en negociarlos, embarcarlos, trasladarlos de China para acá, pasarlos por la aduana y de allí todavía distribuirlos por todo el país? Sin embargo, resulta que el mismo día que se publicó el anuncio ya había chalecos a la venta en la calle. ¿No le parece sospechoso?

Luego tenemos el exabrupto del ministro de Gobernación, amenazando con decomisar todos aquellos chalecos que estén vendiendo que no cumplan con los requisitos. El ministro no tiene ninguna autoridad para realizar semejante acción, a no ser que de repente nos despertemos en una descarada dictadura. ¿O será que simplemente estaba “protegiendo” el negoción?

Fuente: Prensa Libre (Guatemala)