Giovanni Fratti enfrenta un juicio de imprenta por supuestos actos de difamación. Ningún periodista que se precie de ser profesional estará en contra de que esos mecanismos de contrapesos legales existan. Los periodistas, en lo personal, y los medios de comunicación, en general, no estamos exentos de cometer errores y habrá ciudadanos que se sientan agredidos por publicaciones de diversa índole que hacemos. El mecanismo legal vigente para tales casos es llevar la acusación ante un tribunal de Imprenta, para que se dirima el señalamiento y se repare a la parte ofendida, si procede.

Pero este tema no es ni civil ni penal, sino relativo al derecho de prensa, contenido en la Ley de Prensa, la cual es de carácter eminentemente constitucional.

Lo ratificó el constitucionalista Gabriel Orellana —abogado de Fratti— en el amparo que interpuso el día de ayer ante el Juzgado Octavo Penal, ya que “la denuncia es por difamación, y la Ley de Emisión no incluye ese delito en el juicio de imprenta”.

En días pasados hablé personalmente con Fratti para que me contara del caso. Entre otras cosas, me dijo que había propuesto publicar a su costo, derechos de respuesta y rectificación en los principales medios del país para la parte ofendida, esto a pesar de que el plazo para la respuesta ya había fenecido.

Actitud que me pareció razonable para que los ofendidos tuviesen la oportunidad de defender sus puntos de vista, aclarar sus planteamientos y reparar su dignidad, si así lo sintieron.

Sin embargo, el asunto se quiere llevar mucho más lejos y a un ámbito con funestas consecuencias para la libertad de prensa y el libre ejercicio del periodismo. Pues en el caso del periodista Giovanni Fratti se está pidiendo una condena de cinco años de cárcel inconmutables, cinco años de inhabilitación especial para ejercer el periodismo y la asombrosa suma de US$500 millones —4 mil millones de quetzales— por daños y perjuicios.

Lo cual, bajo todo punto de vista, no solo no es razonable, sino sienta un precedente nefasto para el periodismo nacional.

Prudencia, serenidad y una actitud conciliatoria es lo que aconseja el manejo correcto de este caso. Enviar a alguien a la cárcel por cinco años y pedir reparaciones por Q4 mil millones de quetzales no van en la línea de una reparación justa.

El momento es propicio para que todos los periodistas reflexionemos sobre la diferencia entre libertad y libertinaje de prensa. Los mecanismos legales vigentes deben respetarse y son el camino adecuado para dirimir controversias de imprenta.

Y se hacen innecesarios cuando existe voluntad de aclaración y disposición a rectificar públicamente de la parte, supuestamente ofensora.

No tomar en cuenta esto es adentrarse en aguas peligrosas con potencial de elevar una pequeña tormenta dirigida a sentar un precedente sano en un huracán de impredecibles consecuencias.

Ojalá recojan la pelota.

Fuente: Centro de Estudios Económico- Sociales (Guatemala)

Ver video de la entrevista de Marta Yolanda Diaz Duran a Giovanni Fratti en Todo a Pulmon (comienza en 01:02:35 del video):

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