Cuando México culminó las grandes reformas económicas liberalizadoras con la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la privatización de un sector paraestatal gravoso e ineficiente y la creación de un flamante andamiaje institucional para asegurar la competencia, yo pensé que eran éxitos enormes.

Particularmente alentadora fue la promulgación de la Ley Federal de Competencia Económica en 1992 y la creación del órgano que la aplicaría, la Comisión Federal de Competencia (CFC). Hubimos algunos inocentes que pensamos que había llegado el fin de los monopolios que tanto han expoliado a los mexicanos.

En los 21 años transcurridos el fracaso de las instituciones creadas para promover la competencia es palpable: hoy tenemos más numerosos y poderosos monopolios que hace dos décadas, por lo que el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto se vio obligado a promover reformas constitucionales para atender el problema.

Es de la mayor importancia que los nuevos organismos que estarán a cargo de promover la competencia económica en general, y de la regulación de sectores de crucial importancia para la buena marcha de la economía nacional como el de las telecomunicaciones, sean manejados por gente capaz, competente y honesta.

A ese respecto, hay que tomar en cuenta que el historial y resultados de quienes hoy están a cargo de los entes promotores de la competencia, son lamentables. Algunos ejemplos en el ámbito de la telefonía, sector en el que el poder monopólico en México es el más grotesco, permiten sustentar la afirmación anterior.

A pesar de tener facultades desde 2006 para evitar los retos a la inconstitucionalidad de sus decisiones, la CFC nunca inició una investigación de las prácticas monopólicas de Telmex y Telcel y solo actuó a partir de denuncias hechas por sus competidores.

Cuando la CFC, casi dos años después de las denuncias citadas, declara a Telmex “operador dominante,” lo hace de manera parcial e incompleta omitiendo incluir áreas en las que Telmex es operador único para iniciar y terminar llamadas o en los tramos de la red donde también es el único oferente, “por no contar con información.”

La CFC declaró dominantes a los competidores de Telmex y Telcel en el mercado de terminación fija o móvil de llamadas aunque sólo tuvieran unas cuantas líneas. Esta resolución eventualmente se enmendó pero la competencia tuvo que incurrir en elevados costos legales.

Aún en las decisiones en las que la CFC aparece como adalid de la competencia, hay plan con maña: negarle a Telmex y Telcel su derecho a un recurso de reconsideración como empresas dominantes en sus respectivos mercados, resultó en una dilación de dos años en la declaratoria final de dominio pues los monopolios se ampararon, como le habían advertido a la autoridad las empresas competidoras.

En otra fatal decisión, la CFC dictó que las reglas para pre-suscribirse al servicio telefónico fueran iguales para todas los oferentes, eliminando el trato diferencial que se aplicaba a las empresas menores justo para promover una mayor competencia.

Lo mismo ocurrió cuando la CFC se definió contra la adopción de tarifas asimétricas de interconexión, que existen en los países que procuran alentar la competencia para equilibrar condiciones desiguales entre las empresas. Eventualmente, la Suprema Corte dictaminó la validez del principio de asimetría.

Ignorando las mejores prácticas globales, la CFC decidió requerir a los operadores menores la obligación de presentar reportes detallados de “separación contable,” cuya elaboración implica costos no triviales, requisito que suele imponerse sólo al monopolio para determinar si está haciendo trampas contables.

La CFC desechó la denuncia de las telefónicas no monopólicas contra las tarifas de reventa de Telmex en las áreas en las que no tiene acceso la competencia, donde el monopolio cobra una tarifa 20 veces más elevada que la correspondiente de interconexión por un servicio similar.

CFC evitó condenar a Telcel por fijar tarifas al menudeo por debajo del costo de interconexión, práctica depredadora típica del monopolio bien documentada en la literatura económica, que le permite asegurar un mercado cautivo pues elimina toda posibilidad de competencia.

Otras engañifas de la CFC incluyen la imposición de la legendaria multa de mil millones de dólares a Telcel, sólo para condonársela a cambio de compromisos que el operador monopólico de telefonía celular ¡¡¡ya había aceptado cumplir!!! O la imposición de condiciones discriminatorias en innumerables licitaciones amañadas para favorecer a los monopolios.

¿Quiénes son los responsables de esta retahíla de decisiones costosísimas para el país y muy beneficiosas para los monopolios? ¿Sólo el Presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta? ¿Y sus colegas?

Fuente: Asuntos Capitales (México)