Se espera, si la discusión sobre la reforma política no entrampa el proceso de modernización institucional, que durante el segundo semestre del presente año se presenten al Congreso tres reformas estructurales: la energética, la de seguridad social y la fiscal. Estas tres reformas, en realidad, tienen que verse integralmente es decir, como una sola gran reforma con las tres vertientes mencionadas. Aunque cada una de ellas tiene sus particularidades, las tres están ligadas por el lado del financiamiento.

En materia energética, en lo que concierne a los hidrocarburos, estamos en problemas. La declinación de la producción del yacimiento de Cantarell solo ha sido parcialmente compensada con la extracción de petróleo crudo de otros yacimientos, por lo que el volumen de producción total ha declinado muy por debajo del pico alcanzado en 2003, cuando se produjeron 3.2 millones de barriles diarios. Además, la renta petrolera ha disminuido debido a que no solamente la producción ha caído, sino que además los costos de extracción del petróleo han aumentado. Adicionalmente, México enfrenta el problema de que Estados Unidos, principal destino de las exportaciones de petróleo, se convertirá en un futuro muy cercano en un exportador neto de energía, perdiendo con ello nuestro principal cliente externo. PEMEX requiere de recursos adicionales para incrementar la producción y no los tiene y de ahí la importancia de una reforma estructural de fondo. Es por ello que es indispensable abrir el sector de hidrocarburos a la inversión privada, nacional y extranjera, mediante la figura de concesiones, para poder incrementar los volúmenes de producción tanto de petróleo y gas y de ahí la necesidad de modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.

En materia de seguridad social, la reforma va en el sentido de crear un sistema de protección social universal que incluya salud, desempleo y pensiones. Todo ello cuesta y mucho. Se estima que el costo de esta reforma ascendería a alrededor de cinco puntos porcentuales del PIB y estos recursos no existen. Tal como está diseñado el sistema de seguridad social en la actualidad, se promueve la informalidad (de acuerdo al INEGI, 60% de los trabajadores laboran en la informalidad, es decir sin acceso a los sistemas de seguridad social), lo cual merma la base recaudatoria del IMSS y de la recaudación tributaria federal a través del ISR, lo que incrementa la dependencia fiscal del sector de hidrocarburos, que a su vez debilita a este sector. La reforma de seguridad social, desde el punto de vista de su financiamiento, tiene que modificarse, reduciendo significativamente los impuestos a la nómina (las contribuciones obrero – patronales al IMSS) y financiar ésta con impuestos generales, particularmente al consumo.

Y aquí entra la reforma fiscal. El diseño actual del sistema tributario no solamente implica que las finanzas públicas sean estructuralmente débiles al recaudar únicamente un poco más del 11% del PIB y depender en consecuencia del sector de hidrocarburos (el 34% de los ingresos totales provienen de este sector), sino que además no generan los incentivos correctos para promover el trabajo, el ahorro y la inversión. La reforma hacendaria tiene que enfocarse a fortalecer estructuralmente los ingresos tributarios mediante la homogeneización del IVA, la eliminación de los regímenes especiales de tributación, la eliminación de la consolidación fiscal, la eliminación de subsidios al consumo de energía (incluido el sector agrícola) y la introducción de impuestos ecológicos, particularmente a la gasolina y, además, eliminar todos aquellos rubros de gasto que no son socialmente rentables.

De ahí, que estas tres reformas estructurales sean, en realidad, una sola.

Fuente: Asuntos Capitales (México)