Siempre ha existido cierta incomodidad para describir al régimen venezolano: una democracia formal, un fascismo plebiscitario, una dictadura militar, una mala copia del régimen cubano… Lo sucedido en los últimos días va decantando las descripciones y colocando más y más al régimen de Caracas dentro de las peores expresiones de la tiranía y el irrespeto a los Derechos Humanos.

Considérese no sólo el ilegítimo uso de todos los recursos del estado para beneficiar a Nicolás Maduro. O las dudas aún no despejadas sobre las irregularidades en la campaña, durante la votación y el recuento de los votos de la reciente elección presidencial del pasado 14 de abril. Sólo basta apreciar cómo el chavismo ha decidido, por ejemplo, no volver a dar la palabra en el Congreso a los diputados de la oposición que no reconocieron el triunfo de Maduro. Y cómo los expulsó de sus cargos en las distintas comisiones legislativas. Y cómo diputados chavistas agredieron físicamente a legisladores de la oposición.

O la prohibición del gobierno venezolano para realizar manifestaciones y marchas pacíficas, amenazando con utilizar “mano dura” contra quienes intenten expresar su opinión, limitando así ilegalmente todos los derechos ciudadanos.

O los despidos de funcionarios públicos, en la mejor tradición del nazismo, previa revisión irregular de teléfonos inteligentes y correos electrónicos, por apoyar a la oposición, para así “depurar” a los organismos del estado.

O las amenazas del gobierno venezolano a los medios de comunicación independientes, exigiéndoles respaldar acríticamente y sin pruebas el “triunfo” de Maduro y ser escoltas del chavismo.

O conocer, por ejemplo, los distintos actos de represión contra grupos inconformes con el pretendido triunfo de Maduro, que incluyeron, entre otras cosas, interrupción violenta de movilizaciones a favor de Capriles,detenciones arbitrarias por sólo protestar, la violación de domicilios particulares por el Ejército y el disparo de perdigones a quemarropa por miembros de organizaciones chavistas.

O las amenazas de encarcelamiento e investigaciones penales que pesan sobre el líder opositor Henrique Capriles y otros dirigentes opositores y periodistas, por no reconocer el triunfo de Maduro y supuestamente incitar a la violencia en las protestas de inconformidad, aún cuando ha venido quedando claro que la violencia, los hechos delictivos y hasta sabotajes durante dichas protestas pudieron ser organizados por el propio gobierno venezolano.

O como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Corte Suprema (ambos poderes supuestamente independientes del Ejecutivo y el Legislativo) han venido funcionando como meras comparsas de Maduro, cuyos titularesrechazaron durante varios días el recuento de votos que pedía la oposición, y tuvieron que callar y dar marcha atrás ante el tamaño del escándalo por las dudas en los resultados, para aceptarlo finalmente, aún cuando han tratado posteriormente de limitar sus posibles implicaciones.

Y todo ello ante los ojos de una comunidad internacional inoperante, insensible y muda. Aunque más bien, hipócrita, cómplice y utilitaria.

Al respecto, los presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) que tuvieron su reunión para analizar el caso venezolano el jueves pasado, o mucho menos los mandatarios asistentes a la juramentación de Maduro el pasado viernes, ni siquiera condicionaron su reconocimiento a Maduro al resultado del conteo de votos que el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano aceptó hacer finalmente el miércoles anterior, y que apenas inicia hoy lunes 22 y que se prolongará todo un mes. Simplemente reconocieron a Maduro y abusivamente dieron al recuento de votos, en los hechos, el carácter de un detalle técnico sin importancia, irrelevante para el resultado, como precisamente ha venido insistiendo el chavismo, el cual incluso ya armó el nuevo gabinete de Nicolás Maduro.

En la reunión de UNASUR, la presidente de Argentina, Cristina Kirchner, el uruguayo José Mujica, la brasileña Dilma Rousseff, el chileno Sebastián Piñera, el boliviano Evo Morales, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, y el propio Maduro (recuérdese sólo que MERCOSUR, hace un año, no dio al nuevo régimen de Paraguay el mismo derecho de autodefensa), llegaron al extremo de felicitar al “hijo y apóstol” del fallecido presidente Hugo Chávez (según Nicolás Maduro mismo se declara) por su elección y de pedir a la oposición respetar los resultados oficiales. Para mayor asombro, exigieron que “cualquier reclamo, cuestionamiento o procedimiento extraordinario” de alguno de los participantes de el proceso electoral, “deberá ser canalizado y resuelto dentro del ordenamiento jurídico vigente” en Venezuela “y la voluntad democrática de las partes”. Es decir, pidieron a todos los venezolanos que suponen o documentan graves irregularidades en la elección de Maduro que mejor se callen, que sufran sin queja. Porque “el ordenamiento jurídico vigente” en Venezuela está controlado únicamente por el chavismo, que manipula todas las instituciones públicas de ese país. Y esto es precisamente el carácter distintivo de una dictadura: El control faccioso de todos los poderes del estado, que responden a los intereses de una cúpula, la cual ejerce un poder total, inconsulto, sin contrapesos de ningún tipo.

Frente a hechos de tal naturaleza, es que se supone que los organismos internacionales (como UNASUR) tienen la función primordial de ser la última línea de defensa que les queda a los ciudadanos de un país, cuando alguien que tiene todo el poder dentro de sus fronteras avanza impunemente contra sus garantías y libertades. Hoy las instituciones interamericanas están fallando en esta función y defraudando al menos a los más de siete millones de venezolanos que votaron oficialmente por Capriles, convirtiéndose en los brazos internacionales del chavismo.

La complicidad de algunos dirigentes latinoamericanos se entiende en aras de un beneficio económico, como son los casos de los pedigüeños mandatarios de Nicaragua, Honduras, Cuba, Bolivia, Argentina. En otros, como el caso de Colombia, Ecuador, Brasil, Perú o Uruguay, detrás de la complicidad se pueden suponer intereses políticos y vergonzantes afinidades ideológicas. Pero ¿qué mueve a mandatarios como Sebastián Piñera, que tuvo un papel importante en la decisión de UNASUR? ¿Qué mueve a otros que reconocieron precipitada aunque calladamente a Maduro sin esperar la evolución de las protestas, como Enrique Peña Nieto de México, Mariano Rajoy de España o Ricardo Martinelli de Panamá? Cada uno tendrá una visión de su proceder y argumentos qué dar… que aún no han dado abiertamente. Ojala lo hagan. Porque de lo contrario, es dable suponer que todos y cada uno de ellos decidieron respaldar al ilegítimo régimen venezolano para autoproteger a sus regímenes de sus propios ciudadanos en el futuro. Si cualquiera de ellos decidiera seguir los pasos del chavismo, sus conciudadanos ya sabemos que estaremos solos frente a ellos, sin esperanza de ninguna acción internacional.

Hoy pareciera que las organizaciones interamericanas transitan por la vía de ser sociedades de autoprotección e impunidad mutuas. Lo cual debe preocuparnos a todos los ciudadanos latinoamericanos: Ya sabíamos que los gobernantes sólo protegen sus propios intereses, en aras de un ilusorio “bien común”, y que buscan el padrinazgo de otros gobernantes. Lo que no sabíamos es que se atrevieran a declararlo con tamaño descaro.

Fuente: Wikikeando (Mexico)