“Que haya funcionarios que digan quiénes entran a competir, de qué tamaño deben ser, si se achican, se agrandan, se fusionan o dividen, reduce de hecho la libre competencia.”

El objetivo de la Reforma en telecomunicaciones es lograr una mayor competencia en ese sector, que repercuta en menores precios y más calidad en los servicios a los consumidores; sin embargo, existe el peligro de que esa reforma, al crear organismos estatales que decidan quién entra a competir y de qué tamaño debe ser cada empresa, burocratice el sector. Más organismos normalmente se traducen en una mayor dificultad para abrirse a una verdadera competencia. Esos organismos “autónomos” proyectados pueden convertir el sector en un caldo de componendas, corrupción y de control sobre la radio y la televisión.

Buscar la competencia en las telecomunicaciones implica reglas claras y generales que faciliten la entrada de cualquier persona o grupo empresarial, nacional o extranjero, que busque ofrecer sus servicios, lo que debe y puede hacer la Secretaría de Comunicaciones, para eso existe; no son necesarias más comisiones e institutos que aumentan la burocracia y el gasto público innecesariamente.

El proyecto de Reforma presentada por el Presidente Peña Nieto contiene puntos positivos, pero puede darle un poder discrecional a funcionarios que, en lugar de las leyes, sean los que digan quiénes entran a competir, de qué tamaño deben ser, si se achican, se agrandan, se fusionan o dividen, reduciendo de hecho la libre competencia.

Es importante también abandonar términos, propios de regímenes absolutistas, como el de concesión, que implica que el Estado es dueño de vidas y haciendas y concede graciosamente a los ciudadanos la posibilidad de crear una empresa de radio, televisión o telefonía. Un gobierno democrático no concede, pues no es el dueño del aire, sino autoriza o da un permiso, con base en leyes y reglamentos de aplicación general, a todo aquel que las cumpla, sin depender de las decisiones y voluntad de funcionarios que, con base en sus opiniones o intereses, deciden a quién conceden o revocan la “gracia” de operar, ampliarse o fusionarse.

Eso no es aumentar la competencia, es transmitir mayor poder al Estado sobre los medios de comunicación, lo que representaría un retroceso en la libertad de emprender, de expresión y la libre competencia.

Fuente: Asuntos Capitales (México)