“Yo le pido que me perdone si algo les pasa por culpa mía, especialmente a usted”. Eso fue lo último que le dijo la terrorista Irma Franco a su hermano, el dirigente deportivo y político Jorge Franco, el domingo 3 de noviembre de 1985.

Tres días después, la estudiante de Derecho de la Universidad Libre ingresó, junto con otros seis del M-19, al Palacio de Justicia. Conformaron la avanzada de otros 27 guerrilleros fuertemente armados que asaltaron el Palacio a sangre y fuego.

Desde el mismo momento en que terminó la toma y los militares recuperaron la edificación, la familia de Irma Franco, que ingresó varias veces al Palacio a buscar una supuesta asesoría para su tesis, empezó a recibir mensajes que decían que ella había salido viva del Palacio y que estaba siendo víctima de torturas.

Ahora, casi un cuarto de siglo después, su caso marca una ruptura en la posición sobre los desaparecidos que durante todo este tiempo habían sostenido los militares.

Esta semana, el coronel Alfonso Plazas Vega, uno de los condenados en el polémico proceso, profundizó en una posición que ya le había manifestado a este diario en el 2007, cuando afirmó: “Me preocupa (…) Al haber tenido acceso a las piezas procesales, me doy cuenta de que en efecto hay personas que salieron con vida y no aparecen”.

En la nueva entrevista con EL TIEMPO, Plazas aseguró que, según lo que hay en el proceso, “(Franco), viéndose perdida, se hizo pasar por una rescatada más y en esa condición llegó a la Casa del Florero (…) Rehenes la reconocieron como una de las guerrilleras. Miembros del B-2 de la Brigada y de la Policía, con los cuales nada tuve que ver, la interrogaron. Irma Franco permaneció allí hasta las ocho y media de la noche del segundo día, hora en que unos detectives la subieron a un campero civil, y nunca volvió a aparecer. Nada tuvo que ver con eso la Escuela de Caballería, pues no tenía camperos civiles ni detectives, solo vehículos blindados, como el país bien lo sabe”.

Plazas resaltó que un testigo, Bernardo Garzón, señaló al Comando de Inteligencia del Ejército. Su jefe, el entonces coronel Iván Ramírez –que llegó a general–, fue exonerado, pero la Fiscalía apeló. El coronel Edilberto Sánchez, quien tuvo mando directo sobre la situación de los sobrevivientes, está a punto de conocer el fallo en su proceso.

La posición de Plazas coincide con la que sostendrá la defensa de Colombia en junio próximo, en las audiencias de la Corte Interamericana por el caso del Palacio. El documento elaborado por el abogado Rafael Nieto, que causó polémica porque descarta que los empleados de la cafetería hayan sido desaparecidos, dejó abierta la posibilidad en lo que respecta a Franco. Y este diario estableció que la decisión es reconocer en la Corte que la guerrillera sí salió con vida del Palacio.

¿Qué hay en los expedientes? Franco, que estudió becada gran parte de sus 26 años de vida, era cercana a Álvaro Fayad, uno de los cofundadores del M-19. La justicia en al menos cinco fallos ha llegado a la conclusión de que ella salió viva del Palacio, bajo la custodia de la Brigada 13.

Militares como el soldado Édgar Alfonso Moreno relataron que ella estuvo en el segundo piso de la Casa del Florero, a donde eran llevadas las personas que salían del Palacio. Él la custodió por dos o tres horas.

Magalis Arévalo, una de las sobrevivientes de la toma, dijo que vio en ese lugar a “la guerrillera pecosa, de falda escocesa, de pelo negro y ojos verdes”. Lo mismo aseguró el citador de la Corte Héctor Correa.

José William Ortiz, conductor de un magistrado, fue más allá y señaló que los militares se la mostraron para que la identificara. “Me dijeron que si la reconocía y dije que sí (…) Me preguntaron que qué arma portaba estando allá, les dije que un revólver, y de ahí en adelante no volví a saber más nada”.

Un celador del museo completó la historia. Él vio cuando se la llevaron: “Ella salió con otro muchacho; iban custodiados por personal civil del DAS o B-2, eran como ocho personas”, dijo.

Uno de los testimonios más polémicos es el mismo que ahora menciona Plazas Vega. Se trata del exagente de inteligencia Bernardo Garzón, quien aseguró que la guerrillera fue torturada y que “una vez recopilaron todos los datos y vieron que ella no tenía ya más información… procedieron a matarla y la enterraron hacia la loma donde hoy en día quedan los polígonos”. El hombre se retractó, pero su versión ha sido tenida en cuenta en varias de las sentencias del caso.

Justicia dice que sí está desaparecida

1. Caso Plazas Vega

En el 2010 el juez tercero penal condenó a 30 años de cárcel al coronel Alfonso Plazas por la desaparición de Irma Franco y otras diez personas. En enero del año pasado el Tribunal de Bogotá ratificó la condena, pero solo por la desaparición de Franco y de Carlos Rodríguez.

2. Caso general Arias

En 2011 el juez 51 penal condenó a 35 años de cárcel al general Jesús Arias Cabrales por la desaparición de once personas, entre ellas Irma Franco. “Las víctimas fueron catalogadas como miembros o auxiliadores del M-19”, dijo el juzgado.

3. Consejo de Estado

En enero de 1997 el Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar 25 millones de pesos al grupo familiar de Irma Franco por su desaparición. El fallo dice que el Estado estaba obligado a proteger la vida de los detenidos y a responder por ellos.

25 años de búsqueda judicial y científica

En unidades militares y fincas cercanas a Bogotá, familias, fiscales y jueces han buscado, sin éxito, a las once personas que siguen desaparecidas tras la tragedia del Palacio de Justicia. 

Una de las búsquedas más sorprendentes, y que además es considerada una referencia en antropología forense, fue la realizada hace 15 años en el Cementerio del Sur, en la capital.

Un celador fue el único testigo del trabajo que en secreto realizaron doce forenses para desenterrar los rastros de uno de los episodios más violentos en la historia reciente del país. En 1998, en medio de la tufarada de una fosa común con más de 150 cadáveres, un equipo especializado de la Fiscalía exhumó, por orden judicial, los restos de las víctimas de la toma.

Doce años después de los dos días de guerra en plena Plaza de Bolívar, el libro de minuta del vigilante registró la entrada y salida de los investigadores, que por diez meses excavaron y desempolvaron restos de las víctimas de la violencia en Bogotá y de las dos tragedias que golpearon el país en 1985: la toma del Palacio y la catástrofe de Armero. A esa fosa a donde fueron enviadas muchas de las 94 víctimas mortales de la toma y la retoma llegaron también las extremidades amputadas a los heridos de Armero. Estaban en bolsas plásticas selladas, que las conservaron por años, y con ellas, el riesgo de la enfermedad que obligó a la amputación: la gangrena gaseosa.

“Trabajamos en un campamento base en el que se iniciaba el trabajo a las siete de la mañana hasta altas horas de la noche para reconocer restos en un lugar tomado por las ratas, pulgas y piojos”, recuerda quien para la época fue el director de la misión.

Los detalles de ese trabajo minucioso, casi desconocido para el país, permanecen en la memoria del forense, que se apoyó en un cuaderno de otro guardia presente en los cinco meses en los que la fosa estuvo abierta. Esas anotaciones datan de los meses de septiembre de 1985 a enero de 1986, mes en el que fue cerrada la tumba.

“Avanzábamos de uno a cinco centímetros por semana. A medida que lo hacíamos, determinamos lo que llamamos estratos (capas) de cada hecho. Casi a tres metros de profundidad aparecieron restos humanos calcinados”, recuerda. No eran cuerpos completos sino “montoncitos”, como dice el forense, unidos a una estructura ósea.

En la misma capa se encontraron restos de vidrios y balas de pistolas y fusil. No había duda, eran las víctimas del Palacio. “Fue muy difícil. Los cuerpos habían sido sacados con chorros de agua por los bomberos desde las ruinas del Palacio. Todos tenían fracturas”, dice el forense.

En total, lograron agrupar 29 cadáveres. “Uno estaba totalmente calcinado y fue imposible hacerle muestras –agrega el médico–. Con los otros logramos cruzar las pruebas de ADN de todos los denunciantes de desaparecidos. Solo pudimos identificar a una persona: Ana Rosa Castiblanco, y ninguno correspondió a los 11 que aún hoy están desaparecidos”.

Los otros 27 restos del Palacio de Justicia fueron entregados a la Universidad Nacional, que en estos años ha sido su custodio.

Utilizaron escarabajos necrófagos

En la fosa había muchos restos que aún tenían tejidos. La Universidad del Valle donó un grupo de escarabajos derméstidos, que en tres días consumieron los tejidos que estaban poblados de bacterias. Tras ese trabajo, los insectos fueron conservados, pero su voracidad era tal que deshicieron las uniones del recipiente donde estaban y luego se comieron decenas de documentos de la investigación.

Fuente: El Tiempo (Colombia)