El verdadero éxito depende de que la opinión ciudadana acepte los términos de lo pactado.

Para nadie es un misterio que el presidente Santos ganó la elección del 2010 gracias a los millones de colombianos que creemos en el modelo de Estado que propuso Álvaro Uribe. Lo elegimos porque confiábamos en que continuaría con la política de seguridad democrática. Pero el Presidente, incumpliendo sus promesas de campaña, no tuvo reparos en cambiar de dirección y conducir al país por el camino incierto y peligroso de una negociación con los narcoterroristas de las Farc.

El giro abrupto del Gobierno es un desacato palpable a su mandato electoral. Pero lo más grave es la falta de claridad frente a la ciudadanía sobre este proyecto de negociación en que nos embarcó el Gobierno.

No es claro, en primer lugar, cuál es el estándar de éxito de la negociación. Da la impresión de que el Gobierno y las Farc creen que firmar un acuerdo entre sí es suficiente para festejar. Pero se equivocan: la paz no es cuestión de lo que unos delegados del Gobierno, y otros del terrorismo, puedan concertar. El verdadero éxito depende de que la opinión ciudadana acepte los términos de lo pactado. El país nacional, no las Farc, debe ser el interlocutor principal del Gobierno en materia de paz.

La experiencia del Caguán es ilustrativa en ese sentido. A pesar de que el gobierno del expresidente Pastrana aceptó todas las condiciones que pusieron las Farc, el proceso fracasó. Y buena parte del fracaso se debe a la enorme desconexión que había entre la opinión ciudadana y la mesa de negociación. Cuando el país nacional no es el principal interlocutor del Gobierno, las cosas no salen bien.

El país de hoy es muy diferente del de los años del Caguán. Los colombianos ya sabemos cuán exitosa puede ser una política de seguridad bien dirigida y sabemos cuán peligroso es abrirle espacios políticos al terrorismo. El país de hoy es más crítico, mejor informado, más deliberante, más exigente.

Por eso es indispensable un debate político franco sobre la paz y la seguridad, sin unanimismos impuestos por el poder burocrático del Ejecutivo ni apelaciones por conveniencia al estribillo de la “unidad nacional”. En Colombia hay unidad nacional de propósito, porque todos queremos la paz, pero hay pluralidad legítima de opiniones acerca de cómo alcanzarla.

El Gobierno quiere evadir el debate de fondo sobre las diferentes visiones de cómo alcanzar la paz. En su inmadurez democrática, nos tilda a quienes creemos en el camino de la seguridad -a quienes lo elegimos- de “enemigos de la paz”. Cree que nuestras advertencias son caprichos de ocasión, pero no se da cuenta de que expresamos las preocupaciones de millones de colombianos.

A pesar de la actitud del Gobierno, estamos en la obligación de insistir en que no se puede hipotecar la opinión ciudadana en una sala de reuniones en La Habana. Por el contrario, hay que salir a las calles a hacerles a los colombianos tres preguntas sencillas:

1) ¿Está de acuerdo con que miembros de las Farc responsables de crímenes atroces y de lesa humanidad puedan participar en política?

2) ¿Está de acuerdo con una amnistía con perdón y olvido, sin que las Farc reconozcan o reparen a sus víctimas?

3) ¿Está de acuerdo con que el modelo económico del país se negocie con las Farc?

Millones de colombianos respondemos ‘no’ a estas preguntas, mientras en La Habana Gobierno y Farc coquetean con el ‘sí’. Pero en esta materia el deseo gubernamental (por muy conducente a la reelección que sea) no puede prevalecer sobre la opinión ciudadana. El debate de la paz y la seguridad debe abrirse a todas las voces del país nacional, incluyendo aquellas que sostenemos que una paz conseguida a cualquier precio sería un error irreversible.

Fuente: El Tiempo (Colombia)