Venezuela implementó la regulación de precios y el control cambiario con el propósito de contrarrestar los efectos nocivos del paro cívico-petrolero de febrero del 2003.

El objetivo central era fiscalizar los precios de los productos básicos, impedir la fuga de capitales y el deterioro de las reservas internacionales. El fracaso de estas medidas es indiscutible.

Diez años después, los signos económicos de Venezuela comprenden una inflación que supera el 20 por ciento, creciente escasez de productos básicos e insuficiencia de divisas. El control de precios ha contribuido a espantar la inversión y destruir la capacidad productiva de las empresas en este periodo; los productos regulados registran el mayor índice de escasez, dado que los precios son fijados por debajo de los costos de producción; los inventarios, por su lado, son satanizados al ser clasificados como fuente de posible especulación, y sujetos, por tanto, a gravosas sanciones.

El desestímulo a la producción, la expropiación sin indemnización, la inseguridad jurídica, los frecuentes cortes de energía y las trabas en puertos han generado severos problemas de abastecimiento de numerosos productos básicos, entre ellos, harina de maíz, harina de trigo, azúcar, aceites vegetales, pollo, carne de res, leche en polvo, queso y café molido.

Algo similar ocurre con los bienes del sector farmacéutico, autopartes, confecciones, cemento, cabillas y repuestos para maquinaria agrícola. Los crecientes desequilibrios del sector productivo venezolano en materia de inflación y suministro reflejan, asimismo, los rigores del férreo control de cambios vigente desde febrero del 2003, fecha en la cual el Gobierno encargó del manejo cambiario a la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), principal responsable de la demora de hasta siete meses en la asignación de divisas.

El Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela aprovecharon las secuelas hipnóticas del carnaval de este año para completar las piezas que le faltaban al corralito cambiario, conocido popularmente como el ‘paquetazo’. El convenio cambiario cimentó una nueva instancia política para la adjudicación discrecional de divisas, denominado Órgano para la Optimización del Sistema Cambiario. El novedoso ente regulatorio pretende supeditar la concesión de divisas al cumplimiento de los objetivos del Plan Socialista de la administración Chávez-Maduro, canalizar las divisas a través de Cadivi y reducir las importaciones en 29 por ciento.

El Gobierno devaluó, además, el bolívar en 46,5 por ciento –de 4,30 a 6,30 por dólar–, con lo cual disminuye el abultado déficit fiscal de 12,3 por ciento a 9,3 por ciento del PIB. Además de aporrear directa y negativamente nuestras exportaciones, el rígido corralito cambiario va a generar mayor inflación, reducir el crecimiento económico, fomentar el contrabando fronterizo y agravar la escasez de bienes esenciales en Venezuela.

Fuente: Portafolio (Colombia)