En febrero de 2009 se produjo el último encuentro oficial entre el entonces presidente Uribe y el presidente Chávez en la ciudad de Cartagena. En el contexto de esa reunión, fui testigo de un episodio de renovada actualidad. El presidente Chávez preguntó al presidente colombiano: “Uribe, ¿cuándo vas a hacer la paz en Colombia?”. A lo que Uribe respondió: “Cuando la guerrilla no pueda cruzar la frontera”.

Tengo la convicción de que lo dicho en esa ocasión por el expresidente Uribe señala un hecho estratégico fundamental para Colombia: las posibilidades de un acuerdo de paz con las FARC dependen enteramente de la voluntad de Chávez. Ahora que el gobierno ha iniciado negociaciones con las FARC, esta realidad política resulta muy delicada para el país.

En otras oportunidades he expresado algunas razones de fondo por las cuáles he discrepado del proceso tal y como lo ha planteado el gobierno (por ejemplo en El Tiempo del 28 de octubre de 2012 – “Por qué me opongo a las negociaciones”).

No puedo estar de acuerdo con un proceso cuya agenda parte de discutir con las FARC el modelo agrícola, abrir la puerta de la impunidad para delitos atroces y de lesa humanidad y permitir la eventual elegibilidad política de terroristas responsables de graves delitos. Tampoco acepto que un proceso de negociación se precipite prematuramente a expensas de la política de seguridad.

Pero a todas estas razones se suma una más que no ha sido discutida por la opinión con la suficiencia que merece: el proceso de paz puede convertirse — como ya está convirtiéndose — en la oportunidad histórica para que Chávez imponga su modelo bolivariano en Colombia.

Chavismo de exportación 

Desde su llegada al poder, Chávez ha tenido el propósito de expandir su proyecto revolucionario bolivariano: el llamado “socialismo del siglo XXI”. Los avances de ese proyecto en países centroamericanos y caribeños han sido notorios y la influencia política de Caracas se ha extendido a naciones como Ecuador, Bolivia y Argentina.

Colombia ha sido el único muro de contención que le ha resultado infranqueable, gracias a la política de seguridad democrática del gobierno Uribe. Chávez acabó por ver en Colombia un obstáculo para su proyecto expansionista. Su estrategia tuvo entonces que incluir el esfuerzo de desestabilizar a Colombia y a su gobierno. De allí la alianza criminal entre Chávez y las FARC.

La relación estratégica entre las FARC y el gobierno de Venezuela es intensa y permanente, como ha quedado ampliamente confirmado gracias a la información registrada en los computadores de “Raúl Reyes”. Chávez encontró en las FARC un aliado para luchar contra un gobierno que representaba un obstáculo y, de paso, tratar de minar la estrecha relación entre Colombia y Estados Unidos. Para legitimar su concurrencia con el terrorismo colombiano, Chávez insistió desde el inicio en llamar “insurgentes” a las FARC y en reivindicar su lucha como “patriótica”.

El expresidente Uribe revela en sus memorias cómo una conversación con Fidel Castro confirmó su creciente convicción de que Chávez era el verdadero interlocutor de la FARC y que tenía la capacidad de influir en el grupo terrorista.

Por tal motivo, su gobierno permitió la mediación de Venezuela para la liberación de secuestrados, en un episodio que fue aprovechado para proyectar y afianzar a Piedad Córdoba como la voz cantante del chavismo colombiano.

El drama humanitario — convertido en espectáculo mediático internacional — sirvió para comprar tiempo y estrechar los vínculos de apoyo entre Chávez y las FARC. Mientras tanto, el lenguaje de Caracas seguía impulsando la tesis del estatus de beligerancia.

Chávez y la segunda llave 

Los servicios de inteligencia colombiana fueron acumulando material suficiente para probar más allá de toda duda el apoyo de Chávez a la FARC y, en particular, la manera como este grupo guerrillero preparaba ataques e impulsaba el narcotráfico desde Venezuela.

Sobre la base de evidencias contundentes, el gobierno de Colombia denunció a Venezuela ante la Organización de Estados Americano (OEA); fruto de ese proceso, se consumó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. El delicado equilibrio diplomático se había hecho insostenible: mientras Colombia luchaba infatigablemente contra las FARC, Venezuela menoscababa los esfuerzos de Colombia, proveyendo apoyo político y logístico a los terroristas.

El inicio del gobierno Santos marcó el cambio de rumbo. En esta como en tantas otras materias, el presidente Santos modificó profundamente y en muy poco tiempo el programa que lo había elegido. Para el ministro de Defensa de antaño, Chávez era un auxiliador del terrorismo; para el presidente de hogaño, es su “nuevo mejor amigo”. La súbita metamorfosis hirió de muerte la política de seguridad democrática y despejó el panorama para que Venezuela hiciera posible un proceso de negociación con las FARC.

El presidente Santos sabía que la puerta de la paz tiene dos llaves: una de ellas reposaba – y aún permanece – en el bolsillo de Chávez. En su afán por negociar, el presidente de la República trocó la exitosa política de seguridad por la aquiescencia de Chávez.

Al depositar nuestro gobierno la viabilidad de las negociaciones en manos de Chávez, éste entendió que se le abría una oportunidad inesperada para avanzar en la expansión del modelo bolivariano.

No es ninguna coincidencia que mientras funcionarios del gobierno conducían conversaciones secretas con las FARC desde febrero pasado, se haya acelerado el proceso de consolidación de la Marcha Patriótica, ambos procesos bajo el auspicio de Caracas.

La Marcha Patriótica es un viejo embeleco mal disfrazado con ropas nuevas: se trata de aplicar la doctrina de la combinación de todas las formas de lucha bajo el rótulo ideológico de un chavismo a la medida de Colombia. La Marcha Patriótica no ha sido capaz de explicar al país la procedencia del dinero con que Piedad Córdoba organiza convocatorias políticas, recorre el territorio y moviliza a miles de campesinos. Su elocuente silencio es casi una confesión de que el financiador es el propio Chávez.

Tal vez el único sector del país que supo leer en estas aparentes coincidencias un patrón perverso fue el Polo Democrático: al entender que la Marcha Patriótica es hoy el brazo político de las FARC, tomó la valiente decisión de expulsar de sus filas al Partido Comunista, acusándolo de militar en ambas colectividades.

Con esta decisión el Polo hizo una apuesta histórica por la izquierda democrática y civilista que fortalece nuestra democracia, y en contra de la izquierda que no logra desprenderse de los violentos ni se muestra capaz de abjurar del terrorismo.

Las FARC ya ganaron 

Lo que está en juego en estas negociaciones es trascendental y los colombianos no podemos ser ingenuos. Detrás del “acompañamiento” venezolano a los diálogos de La Habana se esconde la influencia decisiva de Chávez sobre las FARC y su interés por consolidar una alternativa política para plantar el socialismo del siglo XXI en suelo colombiano.

La Marcha Patriótica, bajo el impulso de Venezuela, ha empezado a allanar el terreno para que los cabecillas de las FARC puedan emprender la toma del poder por la vía política, tras la conclusión de las negociaciones.

Hemos de preguntarnos con quiénes realmente está negociando el gobierno colombiano en La Habana: sus interlocutores, las FARC, son terroristas implacables y dogmáticos que habitan un universo ideológico donde las víctimas de sus crímenes resultan “intrascendentes”. Mentirosos de oficio y manipuladores probados, controlan además el cartel de la gasolina tolerado por Venezuela y son el mayor cartel del narcotráfico del mundo, con ingresos estimados por el ministro de Defensa en unos 4.000 millones de dólares anuales.

¿Quién es el mediador indiscutible del proceso? El gobierno de Venezuela. Se trata de un socio estratégico de Irán, de la liga palestina, de Bielorrusia y de otros países que han sido por años refugios del terrorismo y zonas seguras para el contrabando de armas. Quienes han hecho negocios con Venezuela saben que no resulta atípico tener que enviar los pagos por intermedio de bancos del Medio Oriente.

En síntesis, el gobierno de Colombia está negociando con un monstruo de mil cabezas que tiene hoy un propósito claro: implantar la revolución bolivariana en Colombia. Las FARC son la base del proyecto; Chávez, su espíritu y chequera; la Marcha Patriótica, su canal de expresión política.

No me cabe la menor duda de que las negociaciones en sí son ya un triunfo para las FARC: por primera vez en 10 años — y en medio de las comodidades de un hotel cubano — el alto mando de las FARC ha podido reunirse en pleno para replantear con calma su estrategia militar y sobreponerse a la exitosa ofensiva de la seguridad democrática.

El plan del grupo terrorista — que no fija límites en su horizonte estratégico — está siendo elaborado por estos días tranquilamente a la orilla del mar, a base de ron y tabaco en mano. La triste realidad es que las FARC ya ganaron, aunque no acuerden nada.

Un fantasma recorre Colombia 

En el pasado, el apoyo suministrado por Cuba a las FARC fue fundamentalmente de carácter ideológico, en vista de la precariedad económica de la isla. Pero otra cosa ha sido el apoyo de Venezuela.

A lo largo de una frontera de 2.500 kilómetros y con enormes recursos que Chávez gasta discrecionalmente y a dos manos, el aliado de las FARC ha consolidado un genuino poder desestabilizador en Colombia: mediante la coordinación de la Marcha Patriótica, los petrodólares bolivarianos pueden inducir un caos social inusitado y no sólo en las zonas de frontera.

Dondequiera que se ha asentado, el expansionismo chavista ha tenido un efecto unívoco: la fractura de la institucionalidad democrática. No se puede permitir lo mismo en Colombia y por eso no podemos admitir una situación de negociación donde el gobierno colombiano propone, pero Chávez dispone.

Chávez y las FARC tienen muy claros sus objetivos en este proceso. Y el gobierno colombiano equivocadamente les facilita la tarea al legitimar a las FARC como interlocutores válidos sobre temas que van desde el modelo agrario hasta los esquemas de participación democrática del país, tal como se acordó en la agenda establecida en el Acuerdo General del 26 de agosto de este año.

Las FARC no tienen un proyecto distinto de la instauración de un estado chavista, revolucionario, bolivariano y lesivo a la democracia. La Marcha Patriótica es su vanguardia. No podemos caer en ese juego.

Como están las cosas, Chávez tiene al toro por los cuernos, porque la llave de la paz está en su poder y sabe que el gobierno la necesita. A su vez, el gobierno colombiano — y me resisto a creer que desconozca todos estos hechos — está jugando con la estabilidad democrática del país en los diálogos de La Habana.

* Óscar Iván Zuluaga es Economista de la Universidad Javeriana. Tiene una larga carrera política que inició como Concejal y Alcalde de Pensilvania (Caldas), Senador de la República y Ministro de Hacienda.

Fuente: Razon Publica (Colombia)