Quienes nos oponemos a esta negociación lo hemos hecho con argumentos que después del discurso de las Farc cobran mayor significación y peso: la guerrilla no está en el plan de capitular; quiere imponer.

El gran problema de los Estados latinoamericanos es su precaria legitimidad; los ciudadanos no se someten a la ley y siempre encuentran una razón para romperla. La debilidad estatal, y la inoperancia de la justicia, hacen que los ciudadanos se convenzan cada vez más de que no tienen que cumplir la ley. No existe ningún Estado en el mundo con la capacidad de imponer por la fuerza la ley; no sería posible. La obediencia de la ley surge de un acuerdo tácito, de un compromiso con la convivencia social. Estoy convencida de que la de este acuerdo depende, en gran medida, de la coherencia del Estado. Sólo la permanencia de la institucionalidad, de los límites, hace posible que se asienten las bases de la convivencia pacífica.

Sin embargo, el Estado colombiano cada cierto tiempo perdona los crímenes, y perpetúa el uso de la violencia como vehículo político. Tiene que haber un límite, tiene que existir la impresión en los ciudadanos de que existen conductas injustificables, imperdonables. No es sólo la sanción física; se trata sobre todo de la impresión social de que hay conductas inaceptables. La más básica, la más obvia, debería ser que la violencia nunca puede usarse para imponer las ideas. Sin ese límite definitivo, seguiremos, como hemos venido, pasando de un tipo de violencia a otro; de acuerdo en acuerdo.

El solo hecho de iniciar un proceso de diálogo con narcoterroristas debilita la institucionalidad; justifica todos los crímenes cometidos. Les dice a los colombianos que, de alguna manera, existe una justificación para que las Farc hayan hecho lo que han hecho.

No la hay. Existen explicaciones, pero ninguna justificación. Aun en la exploración teórica de sus razones hay fallas protuberantes. Para unos esa “rebeldía” se justifica por la inoperancia de la democracia y del Estado; pero fortalecer la institucionalidad no pasa por refundarla con los violentos, como lo pretendían los paramilitares en Ralito. Tenemos instituciones que hemos formado a lo largo de una historia difícil; tienen fallas, pero han ido mejorando y seguirán haciéndolo mientras se defiendan los principios fundadores de la democracia y el Estado de derecho.

La otra justificación usual se basa en la inequidad, en la injusticia social. Ese es un hecho protuberante de nuestra sociedad, todos lo reconocemos y vemos la necesidad de solucionarlo. Ese es el único y real objetivo de la política de todos los partidos, de todo el mundo. Si hubiera una fórmula mágica para garantizar el bienestar social, no habría debate político.

Si aquella solución prediseñada existiera, cabría la crítica a quienes no lo han hecho, pero no existe. Las Farc no aportan nada al debate, la izquierda democrática ya ha expuesto argumentos similares. Es más, ahí están los resultados de cada país, de cada política para que todos los evaluemos. Que no nos digan que las Farc tienen la fórmula secreta; que no insistan en que lo deseable es un modelo como el ya fracasado en la URSS, o la pobreza lánguida y sin derechos de los cubanos, o la demagogia insostenible y destructiva de Chávez.

Fuente: El Espectador (Colombia)

Ver el discurso del terrorista alias Ivan Marquez en Oslo: