El general Uscátegui cumple más de 13 años de detención por un delito inexistente. Nunca hubo de su parte omisión y menos aún concierto para delinquir.

La pregunta no es mía, pero bien vale la pena traerla a cuento. ¿En qué están totalmente de acuerdo personalidades tan diversas como el presidente Santos, el general Harold Bedoya, Gustavo Petro, la periodista Salud Hernández-Mora y Marta Lucía Ramírez? Pues nada menos que en declarar inocente del cargo que lo condena a 40 años de prisión al general Jaime Humberto Uscátegui.

La primera falsedad que han descubierto es que Uscátegui no es responsable del delito de omisión por lo ocurrido en Mapiripán porque este municipio no estaba bajo su responsabilidad. Dependía de la Brigada Móvil Nº 2 y del Batallón Joaquín París, con sede en San José del Guaviare.

Segunda falsedad: no hubo en Mapiripán una masacre con saldo de 35 muertos por cuenta de militares disfrazados de ‘paras’. Esta versión, dada inicialmente por las Farc y difundida mundialmente, fue rectificada por dos investigadores de la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos. Quedó establecido que los ‘paras’ dejaron un saldo de cinco muertos y cuatro desaparecidos.

Tercera falsedad: a fin de salvar su responsabilidad por no haber impedido la presencia y acción de los ‘paras’ en Mapiripán, municipio bajo su directa responsabilidad militar como comandante del Batallón Joaquín París, el coronel Hernán Orozco decidió presentar a Uscátegui como su comandante directo, lo cual no era verdad.

La cuarta -tal vez la más escabrosa falsedad- corrió por cuenta del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo. Tras el escándalo mediático en torno a la llamada “masacre” de Mapiripán y tomando como base la información inicialmente fabricada por las Farc, procedió a elaborar una lista de familiares de supuestas víctimas en ese municipio. Al mismo tiempo, obedeciendo a sus intereses políticos y económicos, buscó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a Colombia por un supuesto Crimen de Estado y, en consecuencia, ordenara el pago de millonarias indemnizaciones.

Dos grandes farsas le sirvieron al colectivo de sustento. La primera fueron las falsas imputaciones del coronel Orozco, a quien, a cambio de ellas, se le facilitaron medidas cautelares y salida al exterior vía Quito Miami. La segunda ha venido a descubrirse en el último año: varios de los muertos o desaparecidos están vivos y más de uno pertenecía a las Farc, como ha quedado demostrado por los testimonios de Mariela Contreras y Luz Mary Pinzón y la desmovilización, entre otros, del guerrillero Hugo Fernández.

En noviembre del 2007, al fin se hizo justicia. O así lo creímos todos. Tras un largo y dispendioso juicio de tres años, el general Uscátegui fue absuelto y Orozco fue condenado. Testimonios valiosos de altos mandos de entonces, como los de los generales Harold Bedoya y del general Ardila, comandantes del Ejército y de la IV División, a los cuales se sumaría el del Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, demostraron que Mapiripán no estaba bajo la jurisdicción de la Séptima Brigada y que, por consiguiente, el delito de omisión por parte de su comandante no existía.

Gracias a este juicio justo, el general pudo volver con los suyos y respirar el aire de la libertad. ¿Podía imaginar que el Colectivo Alvear Restrepo apelara a este fallo y que dos años después el Tribunal Superior de Bogotá -el mismo que desconoció la absolución del coronel Plazas Vega- decidiera condenarlo a 40 años de prisión, esta vez por el delito de concierto para delinquir sobre el que no había prueba ni proceso alguno?

El general Uscátegui cumple más de 13 años de detención por un delito inexistente. Nunca hubo de su parte omisión y menos aún concierto para delinquir. ¿Habrá llegado, por fin, gracias a su demanda de Casación ya aceptada, tiempo de hacer justicia?

Fuente: El Tiempo (Colombia)

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