El departamento del Cauca se ha convertido en el epicentro de las acciones de la guerrilla en Colombia, donde la población civil es la más perjudicada. Es un territorio de topografía quebrada en el suroccidente del país, que ha facilitado que los grupos terroristas no solo hallen escondite, sino que desarrollen labores ilegales de cultivo y procesamiento de narcóticos, al punto que desde esta zona salen permanentemente cargamentos de cocaína hacia los Estados Unidos usando las aguas del océano Pacífico.

Desde antes del comienzo de este gobierno, se había revelado la presencia de reductos de las Farc en esta región, en la que también existen grupos relacionados con las Bacrim, pero durante la presidencia de Juan Manuel Santos su accionar se ha venido acrecentando, llegando a generar zozobra y muertes en varios municipios de la zona.

El pasado fin de semana la población de Toribío fue blanco de los ataques guerrilleros, lo que en palabras de los líderes indígenas del lugar les llenó la taza, por lo que ahora exigen que su territorio no sea de guerra. Como resultado de esos ataques siete policías resultaron heridos y cerca de 1.200 personas desplazadas. En hechos posteriores, en el municipio de Argelia, un niño murió y cuatro personas fueron heridas al explotar una moto-bomba; adicionalmente, dos pilotos de helicóptero fueron secuestrados.

Ayer, el presidente Santos visitó el municipio, donde condujo un consejo extraordinario de ministros, pero le fue imposible dialogar con los líderes indígenas, quienes aseguraron que expulsarán a todos los actores armados, sean legales o ilegales, lo que querría decir que ni el Ejército ni los guerrilleros podrían pisar la tierra en la que se encuentran los resguardos. Aunque tal posición suena bien, por lo que significaría plena paz, es una propuesta inaceptable para quienes tienen el deber de proteger la soberanía y los principios fundamentales del Estado.

No es admisible la pretensión de que la seguridad de la región sea prestada, supuestamente, solo por la guardia indígena, la cual tampoco fue escuchada por los subversivos que salieron del pueblo luego de ejecutar varias acciones terroristas. Que el Ejército se retire sería dejar servido en bandeja a las Farc no solo su afianzamiento en ese departamento, sino permitirles que en un ambiente de supuesta calma sigan fertilizando su lucrativo negocio de las drogas.

Las Fuerzas Militares, lideradas por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, deben no solo mantener la presencia en el Cauca, sino fortalecerla, para arrinconar a los delincuentes y acabar con la economía ilegal que les permite mantenerse activos. En forma paralela, la Nación tiene el deber de seguir ampliando su presencia en el departamento, a través de programas de impacto social como el llamado “Plan Cauca”, el cual con inversiones y estímulos logre que se superen los atrasos y las inequidades que incuban los fenómenos de violencia.

Durante la década pasada fueron muchos los logros que el país alcanzó en materia de seguridad, por lo cual es clave mantenerse en la tarea de seguir avanzando en ofrecerles confianza en este sentido a todos los colombianos. No basta con decir que se tiene mucha determinación y persistencia en la lucha contra el terrorismo, sino que se requieren nuevos resultados, que permitan transmitir un verdadero parte de tranquilidad. Es cierto que se han dado golpes certeros en contra de los cabecillas de las Farc, pero es vital doblegar a dicha organización delictiva.

Es entendible que los habitantes del Cauca estén cansados de la guerra y que quieran poder dormir algún día en paz, pero eso no puede hacerse a costa del retiro del Estado de esa región, sino por el contrario, con mayor presencia, no solo militar sino atendiendo integralmente a las poblaciones más vulnerables.

Fuente: La Patria (Colombia)