Siempre me ha parecido incongruente, por no decir falso, hablar de amigos y enemigos de la paz. Ella, la paz, es un anhelo que compartimos todos los colombianos. Tras 50 años de atrocidades, encontrarnos un día en un país sin atentados, sin secuestros, sin minas, sin bombas, con pueblos y ciudades que respiren un nuevo aire, sería un sueño, el de vivir en otra Colombia.

El problema es saber qué tan viable resulta un acuerdo de paz con la guerrilla. El presidente Santos no lo descarta. Confiando en su astucia y habilidad, dice tener la llave de la paz en el bolsillo esperando el momento propicio para sacarla. A las buenas o a las malas -dice-, las Farc terminarán aceptándola. Su estrategia se apoya en consideraciones que vale la pena tomar en cuenta para saber qué tan válidas son.

Para él, tarde o temprano, las Farc no tienen más salida que la negociación. Llegar al poder por la vía armada es un cuento del pasado. Por otra parte, proyectos de alcance social como la ley de víctimas, la restitución de tierras y la construcción de cien mil viviendas gratuitas para dárselas a los más pobres se encaminan, según la percepción del presidente Santos, a restarle sustento a la guerrilla en los sectores populares y a desvirtuar las razones aducidas por ella para su existencia como grupo armado.

Finalmente, el marco para la paz, aprobado recientemente por iniciativa del Gobierno, le permitiría al Presidente contar con las herramientas legales para negociar con los grupos armados. Su mayor anzuelo sería eliminar, mediante la selección y priorización de los hechos punibles, sanciones penales para los comandantes que acepten la desmovilización.

¿Hasta dónde se compagina este proyecto con la realidad? Ahí veo el problema. Es difícil, de entrada, que los comandantes guerrilleros puedan ser deslindados de los delitos de lesa humanidad para los cuales no cabe el indulto. Genocidio, masacres, atentados contra la población civil, reclutamiento forzado de menores, etcétera, son delitos que no se realizan a sus espaldas sino con su autorización.

Un capítulo aparte es el narcotráfico. Gracias a él, las Farc se han convertido en la empresa más fructífera del mundo. Pese a la excelente labor realizada por la Brigada Especial contra el Narcotráfico, la industria de la coca sigue produciendo millonarios dividendos, debido al auge del consumo en el mundo y al tránsito permitido por territorio venezolano. Sus centros de procesamiento trabajan 24 horas, día y noche.

Gracias a la coca y ahora a las minas clandestinas, otro negocio tan rentable como el narcotráfico, se han convertido en los verdaderos patrones dispensadores de empleo para el campesino en muchas regiones. Pagan recolectores, operarios, transportadores, allí donde no hay mayores fuentes de trabajo. Y, lo que es realmente grave, sustentan muchas juntas de acción comunal. Además, patrocinan en muchos lugares concejales, alcaldes, diputados y movilizaciones políticas como la Marcha Patriótica. Infiltran el Poder Judicial, sindicatos, universidades, colectivos y fundaciones a su servicio.

Mientras no sean realmente derrotadas en todas sus formas de lucha, es impensable que las Farc renuncien a la real base de su poder. Y el narcotráfico no admite concesiones ni por parte suya ni por parte del Estado.

No es justo que quienes exponemos a la luz pública estas realidades seamos pintados como enemigos de la paz por quienes buscan sacar partido de una sociedad que hoy, desalentada por el auge del terrorismo y la inseguridad, está de nuevo tentada a escuchar y creer en cantos de sirena. Pero la opinión pública, si quiere cumplir su necesario papel fiscalizador, debe ver la realidad tal como es.

Fuente: El Tiempo (Colombia)