Ante el generalato en pleno, el Presidente Santos ha pedido no tenerle miedo a la paz. Y no es que le tengamos miedo. El temor es a conseguirla a cualquier precio. El Marco Jurídico apunta hacia esto último.

El Presidente Juan Manuel Santos ha vuelto a hablar de paz, pero no sabemos a qué tipo de paz se refiere, pues el discurso pronunciado el martes ante el alto mando militar vuelve a dejar dudas e incertidumbres.

Dentro de algunas de sus afirmaciones, Santos les pide a los generales en retiro que no le tengan miedo a la paz, pero conmina a los militares activos a que mantengan la presión y persecución de los grupos armados ilegales.

Y lo primero para decir es que ni los generales en retiro ni los colombianos de buena voluntad le tienen miedo a la paz. El temor es lograr una paz a cualquier precio, Presidente.

De ahí que volvamos a insistir en los peligros y los riesgos que se corren con el llamado Marco Jurídico para la Paz, que ayer entraba a su octavo y último debate en el Congreso de la República.

El afán con el que se ha querido aprobar esta iniciativa, en momentos en que no “están dadas las condiciones para iniciar un proceso de diálogo”, tal como lo aseguró el Presidente en su discurso, envía un mensaje equivocado a las propias Fuerzas Armadas y genera múltiples inquietudes en los colombianos.

La eficacia y el profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas nunca han estado en entredicho, pero la motivación de las mismas es un factor determinante en el éxito de su accionar contra los grupos armados ilegales.

No se concibe que el Congreso esté buscando con sospechosa celeridad instrumentos jurídicos que benefician a los responsables de delitos atroces, mientras los militares y policías tienen que combatir en desigualdad de condiciones, al filo de la navaja por falta de garantías, y sometidos, en muchos casos, a las injusticias de los jueces.

Esta iniciativa del Marco Jurídico para la Paz, tal como lo advierten organismos internacionales y juristas de las más altas calidades, pone en entredicho las propias palabras del Presidente Santos, cuando afirma que “cualquier diálogo de paz será bajo nuestras condiciones y nuestro dominio”.

La posibilidad expresa de que los líderes de las Farc puedan ser excarcelados les entrega no sólo la llave, sino el cerrojo, para exigir dentro de una futura negociación todos los beneficios consagrados en la Constitución, con lo cual el Estado pierde un carta importante en un eventual diálogo de paz.

No es por la vía de la impunidad por la que Colombia va a lograr la paz. El temor es que estemos recorriendo unos caminos que creíamos superados después de la amarga experiencia del Caguán.

Hemos sostenido con indeclinable voluntad de lograrlo, que no podemos cerrarle todas las puertas a la paz. Hay que mantener abierta una ventanita, pero, sin duda, esta no es la que se nos quiere imponer con el Marco Jurídico para la Paz.

Advertirlo no puede ubicarnos en el terreno de los enemigos de la paz ni mucho menos en contradictores del Gobierno. No por coyuntura, sino por convicción, este periódico le ha apostado a la salida negociada del conflicto, pero no a cualquier precio.

La impunidad no puede ser el costo que se pague para lograr la paz, pues no hay paz con impunidad, dado que esta suplanta a la autoridad, factor determinante de cualquier democracia legítimamente constituida.

Pretender poner al mismo nivel a los responsables de delitos de lesa humanidad con miembros de las Fuerzas Armadas, igualar a alias Timochenko con algún General de la República, no sólo es un despropósito, sino una afrenta a los colombianos. Y ese es un precio demasiado alto para tener que pagarlo a cambio de más terrorismo y más violencia.

Fuente: El Colombiano (Colombia)