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Colombia

Colombia: Conciliábulo para reforma a la justicia – por Ernesto Macías Tovar

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Los colombianos esperábamos que la reforma a la justicia estuviera fundamentada en temas estructurales como la impunidad, el acceso a la justicia, la descongestión, y la despolitización, entre otros; sin embargo, los acuerdos políticos de los voceros de las tres ramas del poder público la transformaron en una feria de prebendas para sus signatarios.

El proyecto que está ad portas de convertirse en enmienda constitucional y que debó enfrentar la más grave crisis de credibilidad y parcialidad que haya padecido la rama judicial, desde el primer borrador, elaborado por quienes han burlado a la justicia desde su cúspide, y del cual se abanderó su coautor Germán Vargas, fue utilizado como la gran oportunidad para intercambiar favores.

Así, los magistrados de las “altas cortes” después amagar con retirarse del “conciliábulo” donde se negociaba el texto, finalmente lograron incluir la ampliación de sus periodos a doce años y la edad de retiro forzoso a setenta, además de no dejarse quitar el manto de impunidad que los cobija al hacer eliminar del proyecto la figura de la “Super Corte” creada por la Cámara. De igual forma, el gobierno logra satisfacer su vanidad de sacar adelante una reforma sin importar sus resultados, la administración de los recursos de la rama judicial y la contratación de abogados que harán las veces de “jueces adjuntos”. Y a los congresistas los tentaron con una aparente doble instancia en sus juzgamientos y la desnaturalización de la pérdida de investidura.

Por lo demás, anunciaron con algarabía la “eliminación” del Consejo de la Judicatura, le hicieron un juicio mediático en la prensa y, al mejor estilo del gobierno, simplemente le cambian el nombre. Pero frente a combatir la impunidad, por ejemplo, no hay en el texto una frase que permita intentar el logro de metas mínimas en la materia; se observa que predominó el afán por blindarse como aforados mediante un complejo régimen de competencias entre las Cortes y el Congreso.
Y en cuanto a la despolitización de las decisiones judiciales tampoco aparece intención alguna para combatirla. Si bien es cierto, se trata de un asunto cultural y de formación profesional, este virus ha alcanzado niveles tan preocupantes que amenaza con volverse endémico. No obstante, en el conciliábulo no hubo tiempo para lo de fondo o, mejor, no existió voluntad política para atacar los verdaderos males de la justicia.

Causa especial curiosidad que para el trámite de este proyecto a los congresistas les retiraron la ‘espada de Damocles’ de los impedimentos que en el pasado reciente los magistrados les mantuvieron pendiendo de un delgado hilo sobre sus investiduras. En este caso, desapareció el conflicto de intereses, así los beneficiarios directos de la reforma sean los legisladores, además de los togados y el gobierno.

A diferencia de lo que ocurría dos años atrás el reglamento del Congreso no ha sido estorbo para modificar, introducir o retirar temas del contenido en cada uno de los debates, así se altere la esencia de lo aprobado inicialmente. Para ello está la presión burocrática del gobierno y la garantía de que en las “altas cortes” nada les pasará a quienes aprueben los acuerdos del conciliábulo.

Fuente: El Espectador (Colombia)

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