En el mundo de la política suelen presentarse situaciones cuya característica predominante es la contradicción absoluta respecto a los postulados que configuran los comportamientos normales que deben practicarse en un escenario político. Significa entonces que se actúa sin el raciocinio que se requiere para interactuar con la lógica necesaria que debe aportar el conocimiento. Esto tiene mayor relevancia cuando se observa que tal actuación contradictoria es dirigida por un jefe de Estado que la propone, y la patrocina como modelo que tiene que ser aceptado por sus gobernados, pues de hecho se sabe que no hay lugar a la réplica ciudadana.

Lo anterior demuestra que la sensatez en la toma de decisiones no aparece como factor aliado de los cánones de la prudencia para mantener el rigor en la dirección del Estado.

Caso Baltasar Garzón

El Tribunal Supremo de Justica de España condenó el 9 de febrero de 2012 al juez Baltasar Garzón a una pena de inhabilitación para ejercer la judicatura durante 11 años, motivada por lo que allá le llaman “escuchas ilegales”, que equivale en Colombia a lo que denominan “chuzadas”. El delito consistía en intervenir los teléfonos y escuchar las conversaciones de los abogados con sus defendidos, de manera que estaba atentando contra el derecho de defensa de sus inculpados y contra el secreto profesional de los abogados frente a lo que hablan con sus clientes para preparar la defensa.

Y todavía no termina el proceso judicial contra Garzón, pues aún le queda pendiente otra condena por proponer juicios en pro de la memoria histórica de las víctimas del franquismo, pues esto lo considera el Tribunal como una intromisión en lo que no era competente, y lo califica como un delito ya que tal escenario de culpabilidad en la historia española fue amnistiado en 1977. Significa que el señor Garzón estaba actuando en contra de esa ley de amnistía que consagró el perdón por los delitos políticos cometidos en la época de la dictadura franquista, durante el periodo 1939 a 1975.

Quien ha sido condenado en un proceso judicial, adquiere la condición de delincuente, razón por la cual en este caso la sentencia del Tribunal Supremo en contra de Garzón lo inhabilitó para ejercer la judicatura, y en consecuencia lo apartó de la carrera judicial por el término de su condena. Es simplemente ser consecuente con la filosofía del derecho y la razonabilidad aportada por las circunstancias que conllevaron a dictar una sentencia condenatoria.

Asesor en Colombia

En los círculos coloquiales se suele decir, ¡quién lo creyera!, para significar conductas o actuaciones que no corresponden con lo sensato. Resulta que aquí en Colombia hay que repetir esa frase de incredulidad, pues el señor Baltasar Garzón actúa como asesor del gobierno, dizque en temas de “paz y derechos humanos” (tal vez en nuestro país no hay ninguna persona decente calificada para esta labor), contratado por la OEA a petición del gobierno colombiano, y esto desde que estaba siendo investigado por el tribunal español. Bueno, hasta ahí, podría dársele el beneficio de la duda y la presunción de inocencia; pero lo verdaderamente increíble es que ahora que fue encontrado culpable y condenado, el gobierno de Colombia, en cabeza del presidente de la república, lo confirmó como su asesor.

Una decisión de esta naturaleza no solo es una audacia revestida de manifiesta incoherencia política, no propia de un Estadista, sino que es incluso una afrenta contra el gobierno español y su democracia, pues las relaciones internacionales requieren ser manejadas a través de la esencia de la diplomacia, y en este caso es totalmente inadmisible que un individuo condenado por la justicia española, que ha sido confirmado en la escena donde actuó cumpliendo el papel de protagonista de hechos que lo califican bajo sentencia con la connotación de delincuente, obtenga en Colombia la redención oficial que lo habilita para honrarlo en la posición de asesor del gobierno.

Contradicción

En Colombia se ha conformado una cacería judicial a funcionarios a quienes acusan de haber cometido el delito de interceptar comunicaciones ilegales, los han botado de sus cargos y los han encarcelado. ¿Cómo entender entonces que un “chuzador” profesional extranjero (Baltasar Garzón), condenado por tal delito, sea aceptado en nuestro país como asesor oficial? ¿Dónde queda la autoridad de la justicia colombiana para actuar en contra de quienes acusa como presuntos implicados en la comisión de este mismo delito? El presidente Santos le debe estas respuestas al país.

Este episodio no solo constituye un hecho bochornoso para los colombianos sino que se podría calificar de indignidad para la historia de Colombia someterla a tener que registrar una indignidad para la democracia colombiana y para su Estado de Derecho, pues la constitución y la ley no admiten estas larguezas.

Fuente: Atrabilioso (Colombia)