Es necesario, querido perogrullo, intensificar la inversión pública en la Rama Judicial. En la década de los 90 alcanzó a situarse en el 1% del PIB y ahora anda por un magro 0,31%.

Y con la ampliación del sistema oral que exige tecnología, y capacitación, a la ausencia crónica de recursos se le suma una necesidad coyuntural indiscutible. Pero una cosa es reconocer esta verdad y otra caer en el festín que contiene el proyecto de reforma que se discute en el Congreso.

Lo primero es una partida de un billón de pesos. Nadie sabe cómo se calculó la cifra. Es una simple concesión a ciegas. Viene luego una segunda inyección: el presupuesto de la Rama Judicial crecerá a un ritmo equivalente a la inflación más un 2%. Este sistema de fijar ingresos mediante sumas fijas, crecientes e indefinidas, es la peor forma de resolver problemas. En vez de acomodar el presupuesto a las necesidades, esta norma promueve la glotonería. Imaginar necesidades para cumplir la Constitución. Además, como el 2% es indefinido, pronto habrá que presentar una nueva reforma para derogar este artículo. Y este sí será un cataclismo.

Si algo faltara, la reforma pretende nombrar 20 nuevos magistrados de rango igual a magistrados de la Corte. Se crean la Comisión Especial de Instrucción, la Sala de Investigación y la Sala de Juzgamiento. Esto implica pago de salarios en la escala más alta del Estado, magistrados auxiliares, personal de apoyo, vehículos, escoltas, en fin. Nada de esto sería grave si correspondiera a una verdadera necesidad. Pero los 20 magistrados nuevos dedicarán sus esfuerzos a investigar y juzgar a los altos funcionarios que tienen fuero constitucional. Es decir, todo este despliegue burocrático se agota en una competencia extraordinariamente reducida: estamos hablando de 1.117 personas, las cuales en general delinquen en tasas inferiores al promedio general. Se dirá que ahí están la para y la yidis política, el AIS, las chuzadas y todas estas anomalías recientes. Pero esto no desvirtúa la desmesura de la medida, porque si bien ahora hay un incremento de esta criminalidad, se trata de un fenómeno pasajero. Y aún si no lo fuera, 20 magistrados para investigar a estos pocos funcionarios es un porcentaje de ocupación (o mejor, de desocupación) francamente alarmante. De paso, estos 20 afortunados no conocerán de delitos anteriores. Entran con el escritorio vacío. Una aberración.

Por otro lado, también hay que nombrar cinco delegados ante la Sala de Gobierno del Consejo Superior. Se trata igualmente de funcionarios de alto rango: vuelve y juega el salario, los auxiliares, los vehículos y los escoltas.

La reforma ha venido siendo objeto de serias críticas. El Consejo de Estado y el procurador han mostrado su insatisfacción. No es poca cosa. Sobre todo cuando el primero arguye un desequilibro de poder a favor de la Sala Disciplinaria que comenzó siendo un cadáver y sale rejuvenecida del consenso en el Congreso. Y el procurador habla del parto de los montes para significar que la reforma tiene poca importancia.

Lo mejor sería aprobar las normas sobre descongestión y funcionamiento gerencial de la rama y hundir lo demás. El doctor Esguerra, la persona probablemente más dotada para su cargo, debería abrir los oídos. Es una reforma que no es ni ha sido suya.

Fuente: El Espectador (Colombia)